Opinión

¿Quién gana con el retraso en telecomunicaciones?



“Ningún ejército puede detener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo”: Victor Hugo.

Esta semana El Financiero informó en su primera plana que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a cargo de Gabriel Contreras Saldivar, estaría evaluando modificar los tiempos establecidos en las bases de licitación para las dos nuevas cadenas de televisión digital dispuestas en la reforma constitucional del año pasado.

El motivo: el retraso en la aprobación de la legislación secundaria para telecomunicaciones y radiodifusión.

Empero, este no sería el único motivo para mover fechas y términos. Seguramente el regulador también pondera el nulo avance en la penetración de receptores digitales en el país.

Por lo pronto, los tiempos para que los posibles inversionistas cumplan con los requisitos indicados por el IFT serían pospuestos.

Para la sociedad mexicana la noticia es lamentable, porque implica retrasar una mayor pluralidad de la oferta televisiva, la llegada de nuevos capitales al sector, el desarrollo de nuevas ventanas para la producción nacional independiente y la generación de cientos o quizá miles de empleos, entre muchos otros beneficios para la economía y la cultura que quedarán en suspenso de manera indefinida.

Pero es posible que para algunos, muy pocos por cierto, la noticia sea un triunfo que habrán de celebrar más que si se tratara del paso de la Selección de México de “El Piojo" Herrera a la siguiente etapa del Mundial de Brasil.

Ellos verán en esa decisión una señal de que van ganando en su batalla por detener una apertura en telecomunicaciones que significa reducir sus ganancias.

Dirán que van muy bien con sus cadenas humanas hechas de acarreados, sus foros y mítines, su retórica con olor a naftalina y sus pretextos de toda índole para impedir la apertura en un sector que daría competitividad a la economía.

Ellos esperan que el verdadero motivo de su labor siga en la oscuridad o disfrazado de falsas cusas sociales.

Para su desgracia, con sólo seguir la ruta del dinero se hace inocultable que cada día que las leyes secundarias no lleguen el único beneficiario es quien más gana con el estado actual de las cosas.

Gana el preponderante que alarga los beneficios millonarios de su dominancia al retener su jugoso 70 por ciento del mercado de telefonía.

Ojalá que el Congreso pueda vencer pronto el cerco, y que en estas fechas futboleras deje de patear el balón de los cambios que necesita México.

LA RUTA DEL DINERO

Nada, que a tres meses del cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro, el Sistema de Transporte Colectivo se la jugará con un análisis realizado por las empresas TSO–Systra que supuestamente determinará las causas del cierre de la línea.

Resulta que esas empresas están en claro conflicto de interés porque han trabajado de la mano de Alstom, una de las empresas integrantes del consorcio constructor, y que además recibió el primero de mayo una adjudicación directa para que brinde mantenimiento a la línea con vencimiento de 31 de diciembre de 2014.

Cabe señalar que el reporte de TSO-Systra, que tienen contrato con la Secretaría de Obras, favorecerá por un lado al consorcio y por otro defenderá a su cliente que es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, es decir, que el informe carece de imparcialidad y podría ser altamente cuestionado.

Resulta que TSO (Triacaud Societe Organise) está ligada a Vossloh Cogifer, quien es subcontratista de Alstom y del consorcio (anclajes, elementos mecánicos de vía, etcétera) en la infraestructura de la L12.

TSO tiene relación con Ingenieros en Mantenimieto Aplicado (IMA) que fueron contratados por Alstom para instalación de la catenaria de L12 y de la mano de Systra se les encargó el diagnóstico de las fallas en dicha obra que ha dejado sin transporte a más de 450 mil personas al oriente de la capital, y que ahora inculpan a los trenes del rápido deterioro de las vías.

El caso es que el triángulo TSO-Systra- Alstom hace evidente el conflicto de interés entre el diagnóstico y la implementación de las mejoras, pues las empresas subcontratistas de la empresa que comanda aquí Cinthia Angulo favorecen al consorcio constructor y a su cliente en el dictamen final.

Lo ideal sería que un tercero técnicamente avalado como Transparencia Mexicana empezara ya a observar este proceso para dejar claro de una vez qué sucedió en la construcción, operación y mantenimiento de la L12 y deslindar responsabilidades.

El caso es que el GDF de Miguel Angel Mancera Espinosa se juega con esto su imparcialidad y deberá mostrar transparencia, pues de otra forma podría caer en la tentación de que este conflicto sea político contra su predecesor Marcelo Ebrard Cassaubón.

* * * *
Algo que sin duda alguna la mayoría de los mexicanos recordamos es la aprehensión al inicio de este sexenio de la maestra Elba Esther Gordillo. La lideresa del SNTE fue detenida arriba de un avión Cessna 560 Encore matrícula XA-UEF al aterrizar en el aeropuerto de Toluca, pero pocos saben que dicha aeronave pertenecía a la empresa Comercializadora GC, firma que además fue proveedora de servicios del Partido Nueva Alianza. Resulta que esta compañía que se presenta también como agencia de viajes del TURISSSTE, acaba de perder un juicio contra Alexis Orta Salgado, abogado que reclama el cobro de tres pagarés, mismos que obligan a la firma arrendadora de aeronaves a pagar más de 6 millones de pesos de acuerdo al expediente 546/2013 asentado en el Juzgado 31 del Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal. Ante ello, Comercializadora GC se negó a pagar en primera instancia, por lo que se dictaminó el embargo de la sociedad referida nombrándose como interventor a Edgar Mena Ramírez, quien podría tomar posesión de la empresa, la cual es dueña también de diversos departamentos en el famoso edificio de Reforma 222, a través de un fideicomiso que tiene con Banco Interacciones.

Correo: rogeliovarela@hotmail.com