Opinión

¿Qué sistemas financieros queremos construir?: el debate de la banca social en México

 
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Una mazorca; de fondo, el campo árido. (Reuters/Archivo)

Aun cuando falta mucho por hacer, México ha avanzado en inclusión financiera, ya que de acuerdo con datos del Banco Mundial, la población mayor de 15 años con cuenta de ahorro formal pasó de 28% a 37% entre 2011 y 2014 y en las zonas rurales pasó de 13% a 28%. Sin embargo, todavía estamos lejos de que siquiera la mitad de la población tenga acceso a servicios financieros.

Más todavía, cuando se hace un enfoque sobre el perfil de instituciones que llegan con servicios financieros a las zonas rurales y al segmento de bajos ingresos, se observa que el 76% son cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras comunitarias, que son precisamente instituciones del sector ahorro y crédito popular, lo que bien podría denominarse como banca social. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria, el 26% del crédito al campo (que es el mayor porcentaje en número de productores inclusive por encima de la banca comercial) se otorga a través de la banca social. De ahí que sea éste, el perfil de intermediario financiero que podría ampliar el acceso a servicios financieros entre la población de mayor exclusión y es además el canal idóneo para hacer llegar el financiamiento al campo.

En términos generales, la banca social mexicana tiene importantes fortalezas, que muchas veces no son visibles porque es pequeña, en relación con la banca comercial en donde sólo 7 bancos comerciales concentran el 79% de todos los activos financieros del país; no obstante, la banca social puede dar mejor servicio y con productos más adaptados porque tiene un enfoque territorial; conoce, busca y por lo tanto, entiende las necesidades de su socio o cliente. Además son el tipo de instituciones con mayor capacidad de innovación tecnológica, de procesos y productos, porque tienen que buscar su sostenibilidad abatiendo altos costos de operación en zonas geográficamente dispersas y con población que realiza operaciones de bajo monto, por lo que alcanzar las economías de escala deseables requiere de mucha creatividad, correr riesgos e innovar. Son instituciones capaces de generar identidad entre la población y anclaje social, así como detonar y motivar el ahorro local.

Sin embargo, como se ha señalado en otras contribuciones, la banca social ha tenido y tiene que remar contra corriente. Los apoyos hacia el sector cada vez son menores. Sobre este particular hay que ser muy claros que no se trata precisamente de un problema de falta de recursos, sino más bien de orientación. Recursos hay muchos pero están mal orientados. Así la banca de desarrollo, en vez de dirigir el financiamiento al desarrollo de capacidades y crédito productivo en la banca social, se concentra en fondear principalmente grandes organizaciones y bancos comerciales que no llegan a la masa crítica de pequeños y medianos productores, por lo que estos últimos no encuentran los canales para el desarrollo y en consecuencia el campo mexicano permanece estancado.

Por ejemplo, la Financiera Nacional de Desarrollo no puede dar créditos menores a 40 mil pesos o 3 mil UDIS, cuando el promedio de crédito productivo al campo no rebasa, inicialmente, los 30 mil pesos, en promedio.

Por otro lado, la banca social tiene que lidiar con una falta de conectividad en telecomunicaciones y acceso a Internet, lo que le permitiría realizar operaciones en tiempo real y ser mucho más eficiente y menos costosa. Sin embargo, las políticas de conectividad de SCT priorizan zonas urbanas por encima de la conectividad rural.

Hace más de dos años que el Instituto Nacional de la Economía Social no ha apoyado a ninguna sociedad financiera comunitaria para su consolidación.

De igual manera, la banca social tiene que lidiar con una regulación que está pensada y diseñada para grandes bancos, sin que el marco regulatorio sea flexible y adecuado para el tipo de operaciones y población que se atiende en zonas rurales marginadas.

Por lo tanto, la pregunta sigue en el aire, sin que los tomadores de decisión hagan un cambio en la dirección de las políticas públicas y favorezcan el desarrollo y consolidación de la banca social, insistiendo sobre un solo sistema financiero comercial, extranjero, de gran volumen, que ha mostrado durante décadas, no ser capaz de responder a las necesidades de los mexicanos urbanos, mucho menos de los rurales y ni soñando para los más pobres. De ahí la insistencia por reorientar presupuesto público y las políticas públicas hacia la construcción de sistemas financieros locales, nacionales y visiblemente más interesados en bancarizar a los mexicanos.

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