Opinión

¿Qué se hizo en los últimos 10 años?

 
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[Golpe en ducto de Pemex ocasiona el percance / Cuartoscuro]

Con amor, al recuerdo de doña Elenita

Esta semana se volvieron a dar hechos de violencia relacionados con la ordeña de los ductos de gasolina y la cooptación de comunidades en situación de pobreza. Se trata, es obvio, de bandas organizadas, que han penetrado en poblaciones a las que por un poco de dinero introducen en diferentes funciones, con beneficios marginales en esta actividad, tan dañina para el país, para Pemex y para todos los mexicanos.

Hace unos días comenté que el costo estimado, de acuerdo a lo conocido, era de alrededor de 250 mil millones de pesos; hace unos días el secretario de Hacienda calculó entre 15 mil y 20 mil millones de pesos anuales el robo de los últimos ocho años, desde 2009; sin embargo, desde 2003 por lo menos ya era un tema de coordinación interinstitucional en el gobierno federal, cuando ya se hablaba de un promedio parecido, con lo que si fueran 15 mil millones el promedio, la suma del robo acumulado, el impacto sobre las finanzas de Pemex sería de 210 mil millones de pesos. Si el promedio fuera de 20 mil millones, estamos hablando de 280 mil millones. Miles más o miles menos que empatan con los 250 mil millones mencionados hace una semana.

Como anécdota, los tan criticados excedentes petroleros pagados a las 32 entidades federativas no sumaron ni la mitad de lo que se ha perdido por la ordeña en los ductos y en las plantas, así como el robo de pipas y la venta de gasolina en las carreteras –la venta hormiga– y a las empresas coludidas con la mafia. El secretario de Hacienda destacó también el impacto negativo en la recaudación del IEPS, sin dar cifras.

Que podría ser un poco menos de cuatro mil millones de pesos, lo cual afectaría la recaudación federal participable en una cuarta parte, que prorrateados entre las 32 entidades federativas resulta menor.

En los primeros años de este siglo existió un grupo interinstitucional, encargado de buscar alternativas, a través de una estrategia integral para contener el robo de gasolinas, su venta en las carreteras principalmente del norte y centro del país, la impunidad de los delincuentes que salían a las 48 horas, etcétera. En ese grupo participaban las autoridades hacendarias, energéticas, de seguridad y la Profeco. Se avanzó, pero no fue suficiente.

Volviendo a hacer recuento había que detectar cuando las propias gasolineras concesionadas mezclasen el producto lícito con el robado, cuando ya tenían tanques enterrados y no sólo tambos, qué empresas se surtían con ellos y cómo estaban organizadas las bandas.

Cuando en 2003 se habló del robo promedio de 15 mil millones de pesos por año, fue incluso motivo de preocupación en la Conago, al plantearles a los gobernadores el problema para que ayudaran a combatirlo, pero éstos pensaron que se trataba de restárselos a sus participaciones, lo cual por supuesto no era así. Claro, sí hay un impacto sobre las mismas, al perderse recaudación del IEPS de gasolinas, y favorece prácticas incorrectas como la evasión fiscal y la venta de gasolina mermada. Hay que cuidar las concesiones y vigilar que no estén en el rol de la distribución, así como ubicar a los cómplices internos dentro de Pemex y su sindicato.

Como se ve, poco se ha avanzado en 10 años. El esfuerzo tiene que ser integral y compartido por los tres órdenes de gobierno y la sociedad. Hay tiempo para corregirlo y actuar en todas las esferas de la política pública, por supuesto en la de seguridad.

No obstante, no se puede combatir la pobreza sin acciones que eviten que sean presa fácil de los criminales. Es una tarea compartida de seguridad, pero también de política social. No es casual que en los estados más pobres se involucre a las comunidades en estas tareas, haciéndoles creer que son sus 'Robin Hood'.

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