Opinión

¿Qué pasa en materia de seguridad nacional?

 
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Acapulco. (Cuartoscuro)

Quien piense que puede descifrar ese rompecabezas que es el manejo de la seguridad en nuestro país, habría que retarlo a que nos explique lo siguiente: una ola de asesinatos atribuibles a la lucha por el territorio que ejercen numerosas bandas se da en Acapulco, justamente cuando el país alcanza un espacio envidiable en el ranking mundial turístico. Y luego, cuando se nos informa que en breve las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles, se designa a la Secretaría de la Defensa Nacional como encargada del Centro de Coordinación, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) para reforzar la vigilancia y control en Acapulco.

¿Qué ocurrió? ¿Acaso los elementos civiles que desempeñaban esas tareas fueron sorprendidos haciendo uso de las malas artes? ¿Por qué la noticia fue recibida con sorpresa; no estaba programada? El secretario de Gobernación, don Miguel Ángel Osorio, dijo que “el C4 será completamente cambiado en sus integrantes; es un lugar que no ha dado confianza y es un lugar estratégico para poder enfrentar cualquier problema de inseguridad”. Antes de esto, 400 empresarios habían solicitado una mayor presencia de los militares para salvaguardar sus vidas y negocios.

En suma, en Guerrero y concretamente en Acapulco, el crimen ha vuelto a dar un salto espectacular; no hay día sin secuestros o asesinatos. Lo asombroso es que el turismo nacional y extranjero sigue llegando sin espantarse de los atracos y crímenes que ahí ocurren. Pareciera que “eso le sucede a otros”.

Cambiar todo el personal de un centro destacado para vigilar, prever y promover la captura de los narcos y sicarios, es un asunto complejo y delicado. Se requiere personal capacitado y coordinado con la policía y todas las agencias y entidades especializadas en el combate al crimen.

¿Lo están los 414 elementos de la Sedena que llegaron aparentemente de improviso o el asunto llegó después de un periodo de maduración? Si es lo segundo, ¿para qué se anuncia que los militares regresarán a los cuarteles?

Casi en forma simultánea se da a conocer que en el último decenio el Ejército decomisó al Cártel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán, las aeronaves que se utilizaron para el trasiego de la droga, alcanzando la suma increíble de 599. Hay que volver a escribirlo: 599 aviones que por pequeños que sean, forman un impresionante ejército del aire. ¿Cómo ha sido posible que surquen el cielo sin que ningún organismo de seguridad los haya detectado? Aquí no hay forma de ocultar un gigantesco fenómeno de corrupción que salpica a prácticamente todas las dependencias federales y estatales que, desde cuando menos diez años, han estado involucradas en el jugoso negocio de los cárteles delictivos.

Los datos obtenidos a través de la ley de transparencia nos indican que si hubiera sido una empresa legal, el Cártel de Sinaloa debiera ser vista como la compañía o sociedad aerotransportadora más competitiva del país, pues operaba en cuatro mil 772 pistas clandestinas de aterrizaje, todas ubicadas en los estados del norte. ¿De qué estructura y asesoría se valió El Chapo Guzmán para, sólo en esa área, poder rivalizar con empresas como Aeroméxico, cuatro veces menor a la flota del narcotraficante más buscado?

Aquí tendríamos un sin número de preguntas que las entidades dedicadas a salvaguardar la seguridad nacional estarían obligadas a responder: ¿cómo se puede armar una flota semejante sin que nadie se entere, sin que se muestre en los radares; quién puede explicar de dónde surgieron los pilotos y los talleres de mantenimiento? El Chapo no sólo logró reunir a ingenieros de alta calificación para hacer sus túneles; lo mismo formó estructuras financieras que distribuidoras dentro y fuera del país como se ha visto en los alcances que tuvo (¿tiene?) en Estados Unidos y Europa. Y todo esto, cómo negarlo, con la nutritiva y generosa colaboración de las agencias estatales.

Twitter: @RaulCremoux

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