Opinión

¡Qué lástima señora,
qué lástima!

No, este no es un texto misógino ni machista, es un manifiesto adolorido.
Al delicado proceso de discusión y análisis sobre una ley secundaria en asuntos tan trascendentes para el desarrollo del país como son las telecomunicaciones, le sobreviene una inesperada mancha oprobiosa personificada por una mujer experta en esos temas.

Desde tiempo atrás, los intereses de los concesionarios en radio y televisión son representados en el Congreso en forma contumaz y permanente. Entre los senadores hay, cuando menos, media docena de legisladores que responden con lealtad a sus patrocinadores, y en la Cámara de Diputados otros tantos.

Quienes defiendan los intereses de los medios públicos, no hay uno solo.

Bien pudiera haberse pensado que la señora Purificación Carpinteyro, arrepentida de haber fraguado una artimaña contra su jefe el secretario Luis Téllez cuando ella fue subsecretaria de Felipe Calderón y colaboradora en la campaña de López Obrador, hubiese decidido por fin velar por los intereses de la ciudadanía. Pues no, no ha sido así.

Con muestras evidentes y reiteradas que su interés personal es lo que la ha motivado para estar en el PRD, el país la ha escuchado festejar que, con la nueva ley secundaria en telecomunicaciones, ella y un consultor en la materia se han sacado la lotería.

La búsqueda de tráfico de influencia es evidente. Y esto se da bajo la ejemplar condición de numerosos legisladores entre los que destaca el caso de Diego Fernández de Cevallos, quien como distinguido legislador en funciones, también litigaba en contra de los intereses del Estado.

Más allá del alegato sobre la supuesta legalidad de tales propósitos, en todos esos casos se da una marcada e innegable falta de ética. Son legisladores que responden a su bolsillo y no a sus electores; a esa constelación pertenece la señora que, amparada en los valores de un partido político que dice velar por los intereses de los débiles, se vale de información privilegiada para festinar la encontrada oportunidad de hacer negocios de muy gruesa tajada.

¡Qué vergüenza y qué deshonestidad intelectual!

El escándalo revela el desamparo en que se encuentran los ciudadanos comunes, es decir, la inmensa mayoría. ¿Dónde están sus verdaderos representantes; quién vela por atenuar las desigualdades que, como en ésta, se da en muchas otras franjas de las necesidades populares?

¿Por qué la señora Carpinteyro no pensó en llevar el festinado premio a extender los servicios de la telefonía rural o a ampliar la cobertura de la frágil red cultural de la televisión pública?

No, ella se dice víctima de los monopolios televisivos sin querer ver que las víctimas somos millones de mexicanos que hemos sido envilecidos por una televisión que toralmente nos nutre de chabacanería, estulticia y violencia. Ahí en esos terrenos hay muchísimo que hacer; amplísimas necesidades que satisfacer. La difusión de contenidos educativos y culturales es un reto que requiere de recursos humanos, técnicos y presupuestales enormes.

¿Por qué señora Carpinteyro no dedicar sus afanes a esas tareas cuando ya estaba usted apuntalada por un partido político que dice querer un mejor país? ¿Acaso no son suficientes las dietas, los bonos y los beneficios indirectos para vivir con dignidad y realizar ahorros para los tiempos difíciles?

Más allá de lo que a la señora le depare el destino, el agravio a la construcción de leyes y reglamentos que orienten nuestra conducta individual y colectiva es una ofensa mayor. Vuelve a restar credibilidad a la representación en el Congreso, limita nuestras expectativas de crecimiento ordenado y sano; cercena nuestro horizonte colectivo.

¿Está usted satisfecha, señora legisladora?