Opinión

Pyme en mercado inmobiliario señalada como fraudulenta

 
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Reforma

Presumiblemente más de 250 familias han sido afectadas por una empresa Pyme que desarrolla (o ¿desarrollaba?) su actividad en el terreno inmobiliario y que ha engañado a esas familias mexicanas que creyeron lo que les ofreció la Pyme inmobiliaria sin que posteriormente concretara o respetara los compromisos firmados en contratos.

En semanas pasadas, un grupo de afectados tomó la decisión de trabajar en un frente común tanto en lo legal como en las investigaciones que conduzcan a conocer el paradero de quien señalan los afectados como la presunta autora material e intelectual de ese “fraude” . Universo Pyme estuvo presente como invitado a esa reunión y con base a lo escuchado se elabora esta columna.

En el centro de las acusaciones está la razón social CORPORACION JURÍDICA DE ASESORÍA Y REMATES,   la que “vende” propiedades que se encuentran en litigio.

Esas propiedades, que han sido puestas en garantía de préstamos hipotecarios, presumiblemente pasarán a ser propiedad de los bancos que emitieron un financiamiento hipotecario.

Según se argumenta el proceso, el banco ha concedido a la empresa pyme inmobiliaria la posibilidad de “colocar” las propiedades antes de que el litigio llegue a su fin de tal manera que ANTES de que la justicia conceda al banco la razón y adjudicación del bien, la propiedad ha sido ya vendida al nuevo propietario quien, luego del desalojo correspondiente del dueño anterior quien no respetó sus obligaciones de pago, es capaz de ocupar la propiedad incluso antes de que la escritura que ampara la nueva adquisición sea emitida.

El caso es que la mecánica ofrece a los “compradores” de un litigio,  que se define como seguro de ser ganado, propiedades que en el mercado pudieran costar seis millones de pesos por un monto de compra de millón y medio o dos millones de pesos. Hay propiedades de tres millones que son “vendidas” a un millón de pesos. En todos los casos los “precios de compra” son realmente muy atractivos y las supuestas ventajas de adquisición no dejan lugar a dudas de que vale la pena entrarle al “negocio”.

Para entrar a la operación, el “comprador” del inmueble en litigio deposita un “enganche” que las partes convienen pero que en ninguno de los casos puede ser inferior al 35 o 40 por ciento del costo pactado por la propiedad.

El asunto, según explican al colaborador que escribe, inicia con un trato comedido y profesional de la empresa, la que requiere saber de qué monto se desea comprar la propiedad, cuánto se está dispuesto a invertir en la operación y en qué estado o bien en qué colonias está deseando comprar la propiedad.

Todo en computadora, perfectamente claro, la empresa le garantiza en “menos que canta un gallo” las propiedades en posibilidad de ser adquiridas.

Estados, ciudades, delegaciones políticas en el caso del DF, colonias, fotografías o videos y desde luego copia del legajo que forma parte del expediente del juicio y un estimado de para cuándo podrá resolverse el desalojo y la propiedad pueda ser sujeta de la siguiente operación de compra-venta.

La empresa asegura que ellos tienen los derechos de esas carteras vencidas, explican los quejosos al colaborador de El Financiero. Se determina la propiedad en cuestión y se elabora un contrato que firma o firmaba la CEO de la Pyme inmobiliaria. Todo parece ser celosamente profesional y serio.

En la mayor parte de los casos se “venden” propiedades en la etapa final del proceso litigioso y con la promesa de que solo faltan publicar los edictos y que el asunto quedará concluido muy pronto.

En no pocos casos se asegura que en la remota posibilidad de que el caso no se resuelva en breve, generalmente se puede llegar a hablar de tres meses, la empresa inmobiliaria promete al “comprador” la redefinición de propiedad a comprar sobre la base de las casas o departamentos que estén ya en la fase final del proceso litigioso. De todo hay copia, fotografías e incluso en algunos casos se han llevado a los interesados a conocer por fuera la propiedad.

La compra se considera invariablemente como un negocio “rápido y seguro”.

La persona que se ostenta como dueña del negocio inmobiliario, me señala un grupo de los que ya están organizados y que se consideran defraudados por la empresa, es DANIELA G. UREÑO.

Pero resulta que las cosas no transcurren como se prometen y a los 120 días comienzan las explicaciones de que los juzgados no se dan abasto con el trabajo, que los notarios tienen mucho trabajo, que la delegación no ha emitido orden de desalojo o lo que quiera.

El caso es que lo que debía haberse resuelto semanas previas se está complicando porque los personajes involucrados en el proceso o tienen mucho trabajo o están de vacaciones, o, incluso, requieren de un “estímulo” para que el proceso se concrete y los edictos se puedan publicar como la ley exige.

El caso es que conforme pasan los meses la paciencia va generando suspicacias que concluyen con un reconocimiento de que el asunto ya está en el terreno de un presunto fraude.

Para cuando llegan a este nivel de sumo disgusto del afectado, resulta que se argumenta de que las cosas ya están muy difíciles porque la “dueña ha muerto”.

De las 250 familias involucradas varias contrataron a un investigador privado quien asegura que la “fallecida” disfruta de cabal salud en alguna ciudad de Estados Unidos.

Constantes cambios de domicilio y posteriores reconocimientos de que lo mejor sería que se iniciara el proceso de restitución del dinero entregado a manera de enganche con una “quita” a quien hará posible que ello ocurra, completa la garantía en los afectados de que les pillaron y que el dinero que entregaron a la firma del contrato no lo van a ver más.

La organización de afectados por esta empresa asegura que formalmente se han decidido a trabajar de manera conjunta, que solicitarán a las autoridades que agilicen los procesos de investigación, comprometerán su acción con investigadores para localizar a la o los involucrados directa o indirectamente en el proceso y no cesarán sus esfuerzos hasta tener su dinero de vuelta y a los involucrados en este fraude, como ellos claramente califican, tras las rejas.

Es cosa de días para que la Procuraduría del DF reciba a los quejosos para comprometer su acción en el caso.

Por lo pronto, si usted es otro de los afectados o posible afectado de esta empresa u otras que se dedican a esta mecánica de negocio inmobiliario, puede contactar al grupo organizado ya en la defensa de sus derechos al correo santiago@camposoackman.com o al tel. 5546-222138 con Santiago Campos.

Correo: direccion@universopyme.com.mx

Twitter:@ETORREBLANCAJ

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