Opinión

Puerta giratoria

    
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Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, ayer, en conferencia de prensa, al hablar del agente antidrogas que daba información a los narcos.

Rubén Granados Vargas, El Nene, fue detenido el pasado miércoles 12 de abril en Tecpan, Guerrero, junto con otros cuatro integrantes de Los Granados, la organización que lidera. El Nene es un criminal de larga trayectoria en la Costa Grande de Guerrero. Desde hace años Los Granados han participado en secuestros y extorsiones de ganaderos y comerciantes de la región. El Nene ya había sido detenido en abril de 2009. Sin embargo, salió libre unos meses después. Su recaptura hace un par de semanas fue anunciada con bombo y platillo por el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla, quien enfatizó el trabajo de inteligencia que hizo posible que la captura se llevara a cabo sin disparar una sola bala, y que los detenidos fueron tratados de acuerdo con el debido proceso (la esposa de Granados Vargas, por su parte, señaló que la detención había ocurrido el 11 de abril, y que los elementos de la Policía Federal irrumpieron en su domicilio sin presentar orden judicial, y que su sobrina, su esposo y ella misma fueron golpeados).

De acuerdo con la versión de la Policía Federal, Granados y sus hombres fueron detenidos en posesión de cinco armas largas, 400 cartuchos útiles y un costal de mariguana. Sin embargo, seis días después, el pasado martes 18 de abril, El Nene y las cuatro personas que habían sido detenidas con él fueron misteriosamente liberadas. Las escuetas notas de prensa que se refieren al caso simplemente señalan que el juez 'modificó' los delitos que se le imputaban. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero dijo desconocer los argumentos jurídicos de los que el juez se valió para ordenar la liberación de Granados Vargas.

Más allá del caso insólito que supone la apresurada liberación de El Nene, es necesario reconocer que existe un problema estructural en la operación del sistema de impartición de justicia penal. Lo grave no es sólo que criminales queden libres, sino que las liberaciones son un duro golpe para la moral de aquellos elementos policiales que participan en los operativos de captura.

Entre otros factores que facilitan que presuntos criminales detenidos
–incluso por homicidio y otros delitos de gravedad– salgan libres destaca que el Nuevo Sistema de Justicia Penal contempla que los elementos policiales que llevan a cabo una detención, al ser los primeros en tener contacto con un posible hecho delictivo, participen como 'primer respondiente'. Desafortunadamente, debido a la falta de preparación de los elementos en la materia, en muchos casos no se cumplen debidamente todos los requerimientos establecidos en la normatividad, lo que ha ido en detrimento de la capacidad de las autoridades para lograr sentencias firmes. El año pasado, el Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos advertía que el retraso de los elementos policiales en materia de capacitación era enorme, en relación con las responsabilidades que contempla el nuevo sistema y anticipaba que éste “traerá muchísimos dolores de cabeza, muchos temas que discutir en los medios de comunicación, sinsabores de boca en muchos ciudadanos que consideren que la justicia no se está cumpliendo a la cabalidad”. Algunos funcionarios han señalado que, además de la falta de capacitación, existen inconsistencias entre los protocolos de detención del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y los criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia.

El otro gran factor que ha contribuido a que el sistema de impartición de justicia se haya convertido en una puerta giratoria es el poder de corrupción e intimidación de los criminales (el cual explica algunos de los casos más escandalosos, como el de El Nene). Los jueces mexicanos, incluyendo a los federales, saben que resolver en contra de los intereses de los criminales más poderosos puede tener consecuencias graves. Apenas en octubre del año pasado fue asesinado en Metepec Vicente Antonio Bermúdez, el juez federal que conoció casos que involucraban a El Chapo, El Cuini y un presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Por otra parte, el Consejo Federal de la Judicatura, la institución responsable de vigilar la actuación de los funcionarios del Poder Judicial, se encuentra rebasado. El año pasado sólo 65 funcionarios fueron sancionados por la Comisión de Disciplina del Consejo, y de éstos, sólo tres fueron destituidos del cargo.

La incapacidad del Estado mexicano para sentenciar y mantener en prisión a los delincuentes más peligrosos se ha convertido en un lastre demasiado pesado. Tal vez la consecuencia más grave de esta incapacidad sea su vinculación con las violaciones más graves a los derechos humanos, en particular con las ejecuciones extrajudiciales (los 'abatimientos' que constantemente se reportan en los comunicados oficiales, sobre los que rara vez se investiga). El abuso de la fuerza letal es injustificable. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. Desafortunadamente, para un creciente número de elementos policiales y militares la lógica es sencilla: para qué detener criminales, si van a salir libres.

Twitter: @laloguerrero

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