Opinión

Puebla, otra vez

   
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Cuartoscuro

La maldita coyuntura nos obliga a dejar en el escritorio asuntos urgentes. Ayer, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprobó el proyecto que obliga al Congreso a emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. En el Senado se van de puente, pero prometen nombrar fiscal especial para la atención de delitos electorales antes del 15 de diciembre. En la ALDF cada vez se ve más lejos el consenso de algo fundamental: la Ley de Reconstrucción de CDMX. A la vuelta de la esquina está el nombramiento del nuevo responsable del Banco de México. Mañana inicia el TLCAN en nuestra cancha.

En fin, la agenda se transforma, se va en declaraciones y en otros temas no menos importantes, pero tenemos que recuperar la inercia de una voz que no debe callarse y señalar el grave problema de la violencia contra las mujeres.

La mañana del 19 de septiembre, tres horas antes del temblor que cambió la dinámica y el rumbo de este país, un grupo de madres salía a las calles de Puebla para pedir justicia por el asesinato de la estudiante Mara Castilla. Han pasado casi dos meses ¿qué ha sucedido? Cabify, el servicio de taxis que había suspendido operaciones ya regresó con políticas de seguridad como un botón de seguridad y un contacto de confianza... ¿Y del filtro a los choferes? Nada.

De la justicia a Mara hay poco avance. Hasta ahora, el presunto feminicida sigue en prisión, en la etapa del Nuevo Sistema de Justicia Penal que está dedicada a que tanto su defensa como el Ministerio Público de Puebla recaban las pruebas que serán presentadas ante el juez de control. Será hasta 2018 cuando conoceremos alguna sentencia al respecto.

Hoy retomamos el tema por el asesinato de otra mujer, también en Puebla. El número 90 en lo que va en el año. Nueve más de lo que las organizaciones de la sociedad civil reportaron en todo 2016. ¿Qué están haciendo las autoridades que no han encendido todos los focos rojos de esta entidad?

Esta vez se trató de la maestra Patricia Mora, del poblado de Totoltepec, quien fue asesinada el 10 de noviembre.

“Mora Herrera trabajaba en el Bachillerato José Vasconcelos de Tetelilla de Islas, en el municipio de Tuzamapan de Galeana, y fue asesinada cuando regresaba a su casa después de haber concluido un curso de dos días en la ciudad de Teziutlán”, reportó la revista Proceso.

Después del feminicidio de Mara al menos hemos sabido de tres casos más, como el de Mariana, también estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, quien fue asesinada el 30 de septiembre, según las autoridades, por resistirse a un asalto. Hoy Patricia se suma a los 90 nombres que están sangrando en esa entidad.

La CNDH, incluso, se unió hace unas semanas al llamado de organizaciones de la sociedad civil que han solicitado que se active la alerta de género en Puebla, una exigencia que desde la Secretaria de Gobernación se ha ignorado.

“La gravedad de los casos pone de manifiesto la necesidad de que el estado de Puebla cuente con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y con ello se propicien las condiciones para la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida presente en la entidad, teniendo en cuenta sólidos criterios metodológicos, presupuestales, de diseño, de ejecución y de evaluación”, advirtió la CNDH por medio de un comunicado.

Sólo hace unos días, la propia Comisión daba un dato brutal: de 12 mujeres asesinadas en América Latina, siete son casos que ocurren en México. ¡Siete!

¿Qué tiene que hacer un país donde sus mujeres están siendo asesinadas y cuyos crímenes están en la impunidad? Quizá la alerta de género no haya cambiado nada en las entidades donde ya está activa, como el Edomex, pero al menos sería el reconocimiento de la existencia de un problema, porque si ni siquiera somos capaces de admitir que las mujeres están siendo asesinadas sólo por serlo, nunca vamos a caminar hacia una solución.

Twitter: @jrisco

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