Opinión

Prueba de fuego para el TEPJF

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TEPJF

Con la resolución del Instituto Nacional Electoral de cancelar el registro al candidato de Morena, David Monreal Ávila a la gubernatura de Zacatecas, por no presentar el informe de los gastos de precampaña en tiempo y forma, se abre un capítulo en donde los “Morenos” asumen el papel de perseguidos y por ello denuncian una maniobra política diseñada por el gobierno para bajar a su candidato de la boleta electoral.

Lo que es un hecho es que Morena no cumplió con presentar el citado informe de sus candidatos en Zacatecas y Durango como lo señala la legislación electoral, en el sentido que la entrega de informes de precampaña y campaña no es opcional, sino una obligación mandatada en la ley para todos los partidos y candidatos.

No es un tema político, simplemente es un tema de institucionalidad. De cumplir con un marco normativo que se aplica a todos los candidatos.

La propia diputada Rocío Nahle, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que efectivamente incumplieron al no presentar el informe, aunque ellos esperaban que sólo se aplicara una sanción administrativa y no el retiro del registro a su candidato.

Con esta medida, dijo la legisladora, se pretende que Andrés Manuel López Obrador pierda su posición de puntero en las elecciones del 2018. Bajar a David Montreal significa debilitar a AMLO en sus aspiraciones presidenciales.

Recibir una sanción que está plenamente estipulada en la ley por un incumplimiento a uno de sus ordenamientos, no significa que “la mafia del poder” haya provocado que los administrativos de Morena no hayan cumplido con su deber y por ende el propio candidato de su partido.

El consejero electoral, Ciro Murayama dijo al respecto que en democracia la honestidad no es la que se autoproclama, sino la que se demuestra al cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que está en la ley.

Obviamente, se dio derecho de audiencia a Monreal y se procedió conforme a derecho.

Ahora le tocará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver lo conducente. Y es aquí donde precisamente entran las consideraciones políticas.

Un asunto que debe resolverse conforme al marco jurisdiccional, seguramente pasará por el tamiz de la óptica política.

Y esto representa la primera prueba de fuego para el TEPJF, no sólo para los comicios de junio de este año sino para la propia elección presidencial.

Ya que si bien es un hecho que existió la falta que amerita la sanción correspondiente, también es una realidad que se tiene que considerar el ánimo que existe entre los zacatecanos en torno a la elección del próximo gobernador.

Es un asunto que, se quiera o no, debe ponderar efectivamente las consecuencias que tendrá el fallo en la elección presidencial del 2018.
Ya lo dijo el propio Peje, “se trata de una jugarreta impulsada por el PRIAN porque vamos a ganar en Zacatecas y nos quieren descalificar en la mesa. Hacen fraude por anticipado”.

Este suceso recuerda lo ocurrido en la víspera de las elecciones presidenciales del 2000, donde se desaforó al jefe de Gobierno del DF por no acatar un fallo judicial y por ende con ello se le pretendía bajar de la boleta electoral como candidato a la Presidencia de la República.
Así se victimizó al protagonista de esa historia: Andrés Manuel López Obrador.

Por desgracia,el respeto a los ordenamientos legales electorales y su correcta aplicación depende del juez o en su caso de los magistrados, que consideran otros elementos de juicio para tomar su resolución y uno de estos tiene que ver precisamente con el entorno político-social que prevalece al momento de emitir su fallo.

Quitarle la bandera de víctima y dejar que el proceso se desarrolle con David Monreal en la papeleta, es el camino más razonable para mantener los ánimos en el camino de la institucionalidad.