Opinión

Protección intelectual en el sector agrícola

 
1
 

 

berries

Un elemento esencial para el desarrollo tecnológico y, por tanto para el crecimiento económico, es la propiedad intelectual. De ahí la importancia que se le otorga al tema en las regulaciones internas de los países, en particular los desarrollados, y en las negociaciones de los acuerdos de facilitación o de libre comercio y de inversiones entre países.

En México los registros de patentes y marcas para los sectores industrial y comercial los realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mientras que en el sector agrícola el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) registra las nuevas variedades vegetales mediante los “títulos de obtentor” (equivalentes a las patentes) que otorgan un derecho temporal de aprovechamiento y explotación exclusiva de dichas variedades −incluido el material de propagación− y/o su inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, el cual no confiere exclusividad de uso pero es indispensable para certificar las semillas, lo que da confiabilidad y garantía de que es lo que dice que es. El marco normativo está integrado por las leyes de variedades vegetales (de 1996) y de producción, certificación y comercio de semillas (de 2007), así como por el convenio firmado por México en 1978 con la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

Algunos datos. Desde 1996, cuando inició el sistema de protección al derecho de obtentor en México, hasta 2015 se presentaron 2,028 solicitudes para 123 cultivos y se expidieron 1,360 títulos de obtentor (67% de las solicitudes), de los cuales está vigente 84.3%; del resto, expiró su vigencia o se revocaron. De total de títulos otorgados, 450 (una tercera parte) se autorizaron a entidades o personas físicas mexicanas, 447 a estadounidenses, 255 a holandesas y el resto a otras nacionalidades. Por tipo de cultivo, sobresalen los títulos de obtentor otorgados a los agrícolas (41% del total), seguido por el grupo de ornamentales y flores (22%).

En 1996-2015 las solicitudes y los títulos otorgados muestran una concentración elevada, en la que 8 empresas y/o instituciones tienen 49% de estos últimos, mientras que el restante 51% se distribuye entre 160 obtentores. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) organismo público dependiente de la Secretaría de Agricultura tiene 14.8% del total, seguido por la productora de granos Pionner (8.2%); Driscoll (6.8%) dedicada a la producción de berries; Seminis (5.7%) a vegetales; Monsanto (5.4%) en granos; Nunhems (2.9%) en semillas para hortalizas; y la Universidad Autónoma de Chapingo (2.7%).

Sin duda en los últimos veinte años México ha avanzado sustancialmente en la protección intelectual en el sector agrícola, lo que ha permitido no sólo registrar con reconocimiento internacional diversas especies vegetales nativas −variedades de chile, nopal, cempoalxóchitl, xoconostle y tomate, entre otras— sino avanzar en el uso de semillas certificadas y mejoradas en el campo.

No obstante, prevalecen diversos problemas. Primero, hasta dónde se justifica que entidades públicas que operan con recursos públicos, pagando sueldos a investigadores del presupuesto público federal (casos INIFAP y Chapingo) registren y cobren cuotas (elevadas) por el uso de semillas que si bien desarrollaron debieran tratarse como bien público, en el que se recupere la inversión sin generar utilidades “extra-normales”. Además, no tienen la capacidad de producción de empresas privadas, lo que propicia que las nuevas semillas no lleguen al mercado o lo hagan a precios elevados (por economías de escala).

Segundo, el registro de obtentor es teórico en el sentido que en el sector rural es muy difícil instrumentar el cumplimento de la ley −frente a casos de uso ilegal de semillas protegidas− cuando involucra a productores primarios y, peor aún, a ejidatarios. En ese sentido, hace falta una gran transformación educativa en el sector en materia judicial.

También te puede interesar:

El sube y baja de la economía

Transgénicos, otra vez a debate

Subsidios agrícolas en reversa