Opinión

Prospectiva 2017

    
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Premio Rodolfo (Cuartoscuro)

El 2016 no fue bueno en términos de seguridad. Cerramos el año con más homicidios que 2015, particularmente con más ejecuciones: en 2015 se registraron ocho mil 122; las cifras preliminares sugieren que el saldo para 2016 será de 12 mil 163 –un incremento de casi 50 por ciento–. Sin embargo, es poco probable que la violencia y la inseguridad sigan aumentando a un ritmo acelerado en 2017.

Actualmente, el grueso de la violencia no la generan los conflictos entre grandes organizaciones dedicadas al tráfico trasnacional de drogas. El secuestro de un hijo de El Chapo, en agosto pasado, generó especulación sobre un posible escalamiento de la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todo parece indicar que ambos grupos han decidido evitar tal escalamiento. El factor que ha mantenido al alza la violencia son las constantes confrontaciones, e incluso la operación cotidiana, de un gran número de mafias y pandillas relativamente pequeñas, que se dedican primordialmente a la extorsión. Estas mafias y pandillas no tienen la capacidad que en su momento tuvieron la organización de los Beltrán Leyva o Los Zetas para sostener largas 'guerras'.

Desafortunadamente tampoco existen demasiadas razones para ser optimistas en el corto plazo. No se está ejecutando ningún proyecto o programa de gran calado que pueda reducir de forma significativa la violencia y la inseguridad en el ámbito nacional. En agosto pasado, el presidente Peña Nieto anunció una estrategia para los 50 municipios más violentos del país, pero a la fecha no se conoce ningún detalle sobre la misma (salvo por algunas menciones aisladas, pareciera que el proyecto se abandonó). Tampoco se observan esfuerzos ambiciosos en el ámbito estatal o local por profesionalizar a las corporaciones policiales (una posible excepción es la creación de una agencia metropolitana de seguridad para Guadalajara y sus municipios conurbados, que finalmente acordaron el gobernador de Jalisco y los alcaldes de la Zona Metropolitana, en octubre pasado).

Lo anterior no significa que no haya una agenda importante en materia de seguridad pública. Cada vez hay más consenso en que el sistema actual es disfuncional, y en que es necesario replantear la forma como las atribuciones y los recursos para la seguridad pública se distribuyen entre los tres órdenes de gobierno. De manera que en 2017 continuará la presión para que el Congreso apruebe una reforma constitucional en la materia que permita, o bien el establecimiento de mandos únicos en las 32 entidades federativas, o bien un modelo de mando mixto, donde los municipios, según sus capacidades institucionales, conserven algunas facultades y sean supervisados por un organismo nacional. Algo se aprobará. Sin embargo, también es probable que los legisladores evadan cambios drásticos que son necesarios. La seguridad pública, y los jugosos fondos federales que se destinan para este rubro, ofrecen a los gobernadores y a los alcaldes una excelente oportunidad para gastar de forma discrecional. Cualquier propuesta que implique quitarles esta prerrogativa, salvo que sea de forma excepcional, va a enfrentarse con enormes resistencias. Incluso si se aprueba una reforma ambiciosa, el nuevo sistema entraría en operación, en el mejor de los casos, hasta 2018.

En ausencia de grandes cambios en el ámbito nacional, el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación (quien encabeza a los aspirantes a la candidatura del PRI por la presidencia y buscará dar resultados) tienen la alternativa de ganar algunas batallas decisivas. En la actual coyuntura ninguna batalla es más crítica ni tiene mayor importancia simbólica, que revertir la dramática situación de inseguridad en Guerrero (el estado donde sólo vive 3.0 por ciento de los mexicanos concentró en 2016 15 por ciento de las ejecuciones). Al respecto, es alentador que el secretario de la Defensa viajara hace unos días junto con el gobernador Astudillo a Chilapa, uno de los epicentros de la violencia en Guerrero. También es probable que en las próximas semanas, o meses, se concrete la captura de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, el capo que ha sido el principal generador de violencia en los municipios de Tierra Caliente, o que al menos se logren golpes decisivos en contra de su organización. Todavía parece posible que la crisis de inseguridad en Guerrero se pueda contener sin necesidad de un quiebre institucional como el que tuvo lugar en Michoacán en 2014.

Finalmente, no se puede soslayar que la llegada de Donald Trump agrega un gran factor de incertidumbre para 2017. La relación con Estados Unidos inevitablemente cambiará a partir del próximo 20 de enero. Sin embargo, nadie sabe si las propuestas más draconianas del presidente electo se concretarán. Es difícil que en el corto plazo México vaya a recibir a dos o tres millones de migrantes con antecedentes delictivos, como ha señalado Trump (la cifra es una gran exageración), o que se vaya a registrar un incremento súbito de las deportaciones (entre otras razones porque éstas ya alcanzaron un nivel récord durante el gobierno de Obama). Sin embargo, el republicano sí tendrá más margen para golpear a México en el ámbito comercial, imponiendo nuevos aranceles y sanciones para empresas que muevan la producción de Estados Unidos a México. Estas medidas podrían dejar sin trabajo a cientos de miles, o millones de trabajadores mexicanos, que tendrían que buscar alternativas para subsistir. En ese caso sí, 2017 podría ser un año catastrófico en términos de seguridad.

Twitter: @laloguerrero

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