Opinión

Propiedad Intelectual; la misma Agenda

Si consideramos los temas pendientes que en materia de Propiedad Intelectual el país enfrenta para este 2015, frente a la lista del año previo, la sorpresa es que partimos de un lugar aún más retrasado que al inicio del 2014; la razón es simple, dos de las iniciativas de ley que prometían convertirse en importantes realidades legislativas han detenido su marcha en el Congreso y no se vislumbra para cuando puedan retomar viabilidad.

Uno de ellos es el proyecto de Ley de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, que ante las primeras controversias y cuestionamientos frenó sus discusiones, argumentando que es necesario primero conocer la suerte que sigan las negociaciones del TPP en este punto. Con toda sinceridad, más allá de lo que suceda con el tratado, es perfectamente procedente consolidar una regulación en esta urgente materia para el país, incluso vislumbrando el posible efecto de nuestra futura adhesión al traído y llevado TPP.

El otro tema que acusaba ya un avance significativo y que detuvo su proceso, es la necesaria reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que dotaría de eficacia a las acciones civiles directas de reclamación de daños, que por virtud de una desafortunada jurisprudencia del 2004 exigió el previo pronunciamiento del IMPI para poder acceder a los tribunales. De manera sorprendente una reforma espejo de ésta, en materia de derechos de autor, completó el proceso y es ley vigente, mientras que la relativa a patentes y marcas fue ignorada. A pesar de ser un tema técnico, aparentemente secundario, resulta indispensable que los titulares de derechos recobren viabilidad en este tipo de acciones si queremos dotar al sistema de eficacia.

Los demás pendientes, sencillamente, siguen en la agenda sin que ningún movimiento se anticipe; un año después, el sentido de urgencia se intensifica ante los evidentes avances que otros países muestran en cada uno de los rubros. El más inmediato y demandante es la necesaria reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, que luego de 20 años de sus últimas enmiendas de fondo, muestra ya una notable obsolescencia en temas de patentes, marcas no tradicionales, ajustes internos para adaptarla al Protocolo de Madrid y aún más importante, en aspectos contenciosos en los que los intrincados recursos siguen demorando por años la administración de justicia. En materia de derechos de autor, como mínimo, modificar la ley para contemplar los temas que las nuevas tecnologías y las redes sociales están planteando como impostergables.

Los otros asuntos que siguen esperando la mirada del Congreso son las nuevas piezas de legislación que nuestro sistema requiere. La Ley para Combatir la Competencia Desleal, la Ley de Expresiones del Folclore y el Conocimiento Tradicional y la Ley para Prevenir la Falsificación y el Comercio Ilegal; esta última, una legislación indispensable para recomponer el contrahecho sistema penal para reprimir la piratería, que no sólo resulta obsoleto en conceptos y conductas reguladas, sino también en sanciones, competencias y procedimientos. De hecho, una regulación indispensable para acoplarse al nuevo sistema penal acusatorio, que en esta materia puede ser un revulsivo trascendente para revertir parte de lo perdido en varias décadas de omisiones y decisiones erráticas.