Opinión

Propiedad intelectual en la OMC; 21 años de olvidos

 
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[Los nuevos acuerdos de la OMC permitirían simplificar los procesos aduaneros de todo el mundo. / Bloomberg] 

El tratado ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio), integrante de los acuerdos de la OMC, llega a la mayoría de edad en un momento de particular coyuntura para México. ADPIC ha representado el parámetro más elevado de exigencia en el mundo para la adecuación de los sistemas nacionales, que resultó solo alcanzable como una más de las piezas de los acuerdos de liberación comercial de inicios de los noventa.

Sin embargo, luego de la enorme transformación que ADPIC y el TLCAN impulsaron en nuestras leyes de propiedad intelectual, en los 21 años siguientes muy pocos cambios significativos se han gestado en nuestro sistema de protección de patentes, marcas, secretos industriales y derechos de autor, hasta el punto en el que hoy podemos identificar las dolencias, carencias y obsolescencias que con la edad ha desarrollado.

En la revisión del catálogo de obligaciones que los países adoptamos para la modernización de nuestra legislación interna en la materia, una de las más encomiables y enfáticas es la necesaria observancia de procedimientos y recursos legales ágiles y efectivos, exentos de formalidades o dilaciones injustificados. Esta parece ser la omisión más grave que nuestro país ha cometido en el seguimiento de ADPIC, y es la que más nos ha lastimado a lo largo de estas dos décadas. La falta de procedimientos legales eficaces no solo agravia a las partes involucradas, sino que tiene efectos generales en el deterioro del sistema judicial en su conjunto. Además, la incidencia que el tema tiene en el incremento de niveles de piratería y la afectación al ambiente de negocios son dos de los costos colaterales más serios que debemos reconocer.

El procedimiento que retrata con mayor precisión nuestras deformaciones es el de reclamación de daños y perjuicios como consecuencia del uso ilegal de una patente o una marca, los cuales pueden tomar entre 7 y 8 años. Antes de poder concurrir ante un Juez civil, es necesario agotar un procedimiento administrativo ante el IMPI, el tribunal fiscal y el Poder judicial, que suele consumir la mitad de ese tiempo. Para cuando la indemnización se vuelve jurídicamente exigible, el desgaste del tiempo suele haber corroído las pruebas, los recursos y la voluntad misma del accionante.

Es obvio que la justicia retardada no es un mal privativo de los derechos de propiedad intelectual, sino que se ha convertido en “el sistema” como tal. Habría que aspirar, en lo colectivo, al mejoramiento de la plataforma completa de administración de justicia en todas las materias e instancias. Lamentablemente, la mutación a los juicios orales no parece ser la respuesta al mejoramiento de tiempos y formas, y las nuevas doctrinas tutelares de derechos humanos, en esta primera etapa de implementación está cuestionando las pocas certezas que los procesos judiciales permitían elaborar.

El tema no debe pasar por la simple crítica al apartamiento de nuestro país a una importante obligación internacional, sino a la falta notable de compromiso con nuestra propia exigencia interna para administrar justicia en forma expedita. Esa misma lógica, me parece, debe imponerse en el trazado de las reformas por venir, que deberán interpretar las obligaciones asumidas en TPP para acomodarlas en nuestras leyes en un plazo relativamente breve. Además, la experiencia de 25 años en la aplicación de la ley, y la profusa jurisprudencia producida en dos décadas y media, pueden impulsar un cambio radical y positivo.

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