Opinión

Promover la competencia y atacar la corrupción

  
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Infraestructura, barrera en licitación de nuevas cadenas de TV: Observatel

Desde la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 se ordenó que se identificase el mayor número posible de sitios públicos federales, como edificios, ductos, postes y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de infraestructura.

¿Por qué se estableció tal mandato? Para acelerar la creación de infraestructura y así ofrecer más y mejores servicios a los usuarios, bajo el entendido de que el Estado mexicano es el principal propietario de inmuebles en el país, muchos de ellos insumos esenciales para las instalaciones de redes públicas de telecomunicaciones.

Imaginemos la facilidad que implica para los operadores el poder instalar infraestructura de transmisión en las azoteas de edificios públicos, como escuelas u oficinas, o el poder utilizar los derechos de vía de una carretera federal o un ducto o postería que pertenece al Estado o alguno de sus órganos.

Son ahorros sustanciales que benefician a los usuarios, a los operadores y al propio Estado (mediante el pago de rentas y demás beneficios indirectos derivados del crecimiento económico).

Por ello, en el artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se ordena que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá coordinarse con las dependencias o entidades administradoras de inmuebles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de establecer las bases y lineamientos para instrumentar la política inmobiliaria que permita el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Tales bases y lineamientos, si bien no tenían una fecha límite para su emisión, son un pendiente importante en la agenda de telecomunicaciones. ¿Alguien recuerda la odisea kafkiana que era conseguir la postería de la extinta Luz y Fuerza del Centro?, ¿O lo que significa conseguir derechos de vía en un municipio donde el alcalde tiene vínculos con algún concesionario competidor?

La OCDE, en su Estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, opinaba que “el gobierno mexicano también puede participar en la reducción de costos para la prestación de servicio universal a través del apalancamiento de activos del Estado con el fin de ampliar la cobertura de las redes. Muchas de las zonas cubiertas son remotas, aunque pueden contar con cierta infraestructura económica general, y el aprovechamiento de esa infraestructura puede bajar los costos en buena medida”.

Se trata de un marco regulatorio que favorecerá el acceso reglado a aquellos bienes, sitios o lugares que son propiedad del Estado en condiciones transparentes y bases no discriminatorias para cualquier concesionario que así lo solicite.

El reto es aprovechar de forma eficiente los bienes públicos a fin de lograr la expansión de las redes, y por consecuencia, generar una mayor oferta, calidad y competencia en los servicios de telecomunicaciones. De ahí la premura para la expedición de las bases y lineamientos a que nos hemos referido, a cargo de la SCT.

El Estado no sólo juega un papel como regulador de las conductas de los particulares sino que también es el principal agente de la economía; su actuación u omisión puede afectar, favorecer o retrasar la competencia en los mercados, máxime en aquellos casos donde funge como propietario único de inmuebles cuya dificultad de acceso con frecuencia incentiva prácticas de corrupción, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.

Estamos pues ante un tema que, además de promover la competencia, tiene un impacto importante, mucho más del que pueda apreciarse a simple vista, en materia de transparencia.

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