Opinión

Productos piratas asegurados; el catálogo de la informalidad

Las mercancías que son aseguradas por la autoridad como sospechosas de piratería o contrabando se acumulan de manera irremediable formando montañas de basura que, paradójicamente, debe ser cuidadosamente conservada. Año con año, cientos de miles de discos con música y películas, equipo de copiado, portadillas, lentes para el sol, zapatos deportivos, jeans, libros, perfumes, relojes y miles de otras muy variadas mercancías, son aseguradas en operativos en laboratorios clandestinos, bodegas y calles, conformando el catálogo más nutrido de la informalidad.

En ocasiones, cuando los aseguramientos recaen en equipo útil para el copiado de música o películas, llega a desaparecer de los almacenes oficiales. También artículos de valor comercial suelen regresar al mercado por circuitos desconocidos. Luego de años de permanencia en bodegas o incluso en la intemperie, su destino se vuelve incierto. ¿Deben ser subastados, o donados a instituciones de asistencia, o simplemente destruidos?

Como suele suceder en muchos de los casos en que la ineficiencia parece una simple consecuencia de la burocracia, si el asunto se mira con detenimiento, lo que nos encontramos es una legislación borrascosa, obsoleta, y que fue diseñada para el resguardo de bienes de naturaleza muy diversa a la piratería. O dicho de otra manera, no debería ser lo mismo cuidar de joyas, autos u obras de arte, que de los productos asegurados provenientes de la piratería, cuyo valor es francamente bajo, y que además, por su naturaleza, no están en condiciones de reingresar al mercado. Su valor no solo es cero, sino menor a eso, cuando implican una carga para su posterior destrucción. Bajo esta lógica, son bienes que debemos transportar, asegurar, custodiar y conservar, para luego destruir. El aseguramiento de muestras como prueba para el proceso corre por separado, por lo que el sistema no aporta siquiera esas ventajas.

Este tipo de legislación proviene de una dogmática suposición de falso sentido de certidumbre jurídica, que mucho tiene de legaloide y muy poco o nada de pragmática. La idea de este tipo de manejo administrativo gubernamental obedece a la simple ecuación de que, dado que no se ha comprobado la comisión del ilícito a los presuntos responsables propietarios de la mercancía, la misma ha de ser mantenida en custodia hasta que no se defina la situación jurídica del expediente. En caso de que no se acredite la ilegalidad de la mercancía, la misma debe ser devuelta a sus legítimos propietarios. Lo que sucede en la práctica es que la devolución de bienes, cuando en uno de mil casos llega a ser exigible, se atora en procedimientos interminables, que al final suelen derivar en entregar al reclamante productos o equipos en pésimo estado, victimizados por la humedad y el descuido, que están desde luego inhabilitados para su venta.

El asunto de los bienes asegurados es uno más de los capítulos pendientes e incompletos de la urgente regulación que se requiere en estas materias. Nuestra legislación ha alcanzado un estado tan caótico y disfuncional como el fenómeno que pretende combatir. El asunto en su conjunto, si se me permite, es estructural, y requiere atención urgente, porque la piratería, como la forma más acabada de informalidad, drena, desgasta, degrada y corrompe las estructuras del comercio legítimo, que son o deberían ser los ejes fundamentales de nuestro crecimiento.