Opinión

Producción de fertilizantes: no sólo es gas barato


 
Con el proceso de apertura comercial de finales de los ochenta y la entrada en vigor del TLC de América del Norte en 1994, la industria nacional de fertilizantes registró un proceso de deterioro y desmantelamiento acelerado. Mientras que en la década de los setenta y principios de los ochenta más de 90 por ciento del consumo se abastecía con producción nacional, ese porcentaje se redujo a 44 por ciento en 2000 y a sólo 16 por ciento en 2006. A partir de ese año, se registró una recuperación gradual de la producción nacional, hasta alcanzar cerca de 2 millones de toneladas en promedio en los últimos 5 años, poco más de la mitad del consumo nacional aparente.
 
 
Ese deterioro se debió a una industria nacional ineficiente, que no estaba en condiciones de competir con las importaciones de países como los de la ex-Unión Soviética (en particular, Rusia y Ucrania), la India e, incluso, Estados Unidos, Bélgica y Alemania, en el contexto de la liberalización del comercio y, posteriormente, con China, Turquía y Venezuela. A ello se sumaron dos cambios de política pública: la deficiente privatización, por decir lo menos, o cierre de las empresas paraestatales (Fertimex, Azufrera Panamericana) y el retiro gradual del gobierno de los programas de compra y entrega directa de los fertilizantes a los productores agrícolas, que involucraban una gran cantidad de recursos públicos, corrupción y dudoso impacto en la producción agropecuaria.
 
 
Sin duda, también incidió el comportamiento de los precios y disponibilidad del gas natural, principal insumo para la mayoría de los fertilizantes. En 2000-2008 los precios registraron una elevada volatilidad y alcanzaron máximos históricos a nivel internacional, particularmente en la región de América del Norte, con el consecuente impacto en los costos de producción de los fertilizantes, en la medida que los precios del gas en México se determinan a partir de los prevalecientes en el mercado de Estados Unidos. Ello dio origen a que, como parte de la “reforma energética” de 2008, en la Ley de Pemex se introdujera un mecanismo para ofrecer a la industria de fertilizantes y a los distribuidores de amoníaco para aplicación directa en el campo un “suministro estable y de largo plazo que contemple precios fijos de los insumos (gas) para esa industria”, bajo un esquema de coberturas. Asimismo, la Sagarpa estableció las bases para integrar un padrón de productores agrícolas beneficiarios de ese esquema.
 
 
Esos mecanismos no fueron atractivos para la industria nacional, como resultado de la drástica reducción de los precios del gas en el mercado internacional (de 8.90 dólares por mmbtu en 2008 a 3.70 dólares actualmente) y sobre todo en la región de Norteamérica. Esa disminución de precios impulsó la recuperación de la producción nacional de fertilizantes en los últimos años.
 
 
No obstante lo anterior, así como las favorables perspectivas que podrían resultar de la propuesta de reforma energética –que significarían una mayor disponibilidad de gas, urea y otros petroquímicos para producir fertilizantes–, el mercado nacional es oligopólico en la producción y en la distribución: un escaso número de empresas abastecen a millones de agricultores. Por ello, no sólo se trata de producir más fertilizantes en México, sino que éstos lleguen en condiciones competitivas de precio, calidad y oportunidad al agricultor.
 
 
Lo anterior requerirá establecer mecanismos de regulación tanto por la vía de una mayor presencia y acción de la Comisión Federal de Competencia como de mercado. En este sentido, el denominado programa “Profertil”, que opera el FIRA y que otorga garantías a las compras consolidadas de fertilizantes a las organizaciones agrícolas, ha mostrado su efectividad para equilibrar parcialmente el poder de mercado entre oferentes y demandantes de esos insumos para la agricultura, que actualmente representan entre 6 por ciento (caña de azúcar, frijol) y 18 por ciento (maíz, cítricos) de los costos de producción de los productos agrícolas, e involucran a 60 por ciento de la superficie sembrada en el país.
 
 
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