Opinión

Priva confusión en la detención de productos falsificados en fronteras

 
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Aduana. (Archivo)

El plan que en su momento fue desarrollado para contar con un sistema eficiente de detección de productos apócrifos en frontera y proceder a su detención, que desde hace por lo menos 10 años ha sido objeto de atención de las autoridades involucradas, pasa por un momento de especial confusión y resultados contradictorios.

La creación misma del llamado “Padrón aduanero de marcas”, que fue la respuesta que nuestro país dio a las obligaciones contraídas en el TLCAN y en los tratados de la OMC respecto de la necesidad de establecer filtros y controles aduaneros para garantizar que los productos legítimos ingresen sin restricción al país, mientras que los apócrifos sean detectados, detenidos y destruidos, resulta cuestionable por su inoperancia.

Lamentablemente, la línea que tendría que definir con precisión cuales productos son legales y cuales no sigue siendo difusa y movible. Lo que hace un lustro estaba aún condicionado por los llamados productos bajo importación paralela, claramente permitidos por la ley, hoy parecería que han sido condenados al mismo tratamiento de “no autorizados por el propietario de la marca”, de manera que el rasero de la Administración General de Aduanas se aplica sin establecer diferencias de grado. Si la empresa importadora no es la dueña de la marca, o no aparece como autorizada en el listado que aparece en el Padrón, los productos son detenidos.

A la situación imperante hay que añadir una nota que produce confusión y efectos colaterales indeseables, consistente en la falla del sistema informático del Padrón Aduanero, que lo ha vuelto inservible. En consecuencia, el precursor para la detención de productos no es la base de datos de la aduana, conformada por aquellos que voluntariamente han inscrito sus marcas para ser “cuidadas” por el sistema, sino la base registral del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conformada por el universo de marcas registradas en el país.

Ello está conduciendo a que titulares de marcas que no habrían tenido ningún interés en hacer uso del sistema, reciban notificaciones de productos detenidos que ostentan “su marca”, los cuales disparan conflictos que bajo otras condiciones no se hubiesen presentado. Si la idea era que cualquier marca registrada en el país fuese detonante del sistema, entonces no se entienden los muchos años y recursos empleados en construir el “Padrón aduanero de marcas”.

El asunto no es menor. El eventual uso ilegal de una marca, que está totalmente desvirtuado en su regulación al equipararlo con “piratería”, da pauta para el inicio de causas penales que aparejan aprehensiones que no dan derecho a libertad bajo fianza. La litigiosidad que este errático dispositivo genera, implica también grandes costos para la administración pública, sin que los niveles de piratería disminuyan sensiblemente.

La lucha contra la piratería requiere, en efecto, de múltiples recursos y herramientas, y la batalla que se debe librar en las aduanas es fundamental para la contención del fenómeno; ello no debe justificar, sin embargo, la aplicación de sistemas inquisitoriales basados en suposiciones y soluciones prejuiciosas y desorientadas, que a quienes menos tocan es a los grupos criminales que trafican internacionalmente con marcas falsificadas.

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