Opinión

Prioridades

 
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Justicia. (Cuartoscuro)

En recientes debates con colegas periodistas y con analistas políticos, aparece con frecuencia el cuestionamiento de las prioridades básicas a seguir por el gobierno del presidente Peña Nieto. Dos son, en opinión de expertos y analistas, las tareas fundamentales a que debe enfocar su energía y atención este gobierno: implementar por completo el Sistema Nacional Anticorrupción, afinar la regulación, completar las leyes secundarias y ponerlo en marcha este mismo 2016; y la segunda, fortalecer el sistema de impartición de justicia.

El primer objetivo es claramente alcanzable, está ya la reforma constitucional aprobada, se ha logrado construir el consenso entre fuerzas políticas. Ahora parece empantanado en las cámaras del Congreso todo el paquete legislativo para instrumentar el sistema. Cada fuerza política responde que sí, que hay compromiso, pero nadie dice cuándo. Hay evidentes señales de que no existe voluntad política para lograrlo.

El presidente lo prometió, lo impulsó, apareció hasta adelante en su agenda legislativa y se logró la reforma. Y después, los vítores y aclamaciones por el paso de concretarlo. Pero hasta ahí.

Con toda objetividad nadie en este país, ni congresos ni administraciones, puede colgarse medalla alguna, hasta que ese sistema no esté en plena operación y funcionamiento. Una vez más, parece que en México es mucho más importante –como dicta la política priista clásica– la forma que el fondo.

El Sistema Anticorrupción existirá en realidad cuando esté en funcionamiento, no cuando aparezca en los discursos, en las loas y las alabanzas. Si esto no se convierte en un mecanismo jurídico eficaz y eficiente, transparente y al alcance de todos los mexicanos para combatir y contener el enorme cáncer social y económico que representa la corrupción, serán palabras vacías las pronunciadas por el jefe del Ejecutivo nacional.

El frente anunciado recientemente por Mexicanos contra la Corrupción, con la suma del Imco, ILCE y tantas otras organizaciones, apunta hacia la articulación del brazo ciudadano parta enfrentar el lastre brutal que significa la corrupción. Enhorabuena.

La segunda prioridad es mucho más compleja, de difícil alcance y más delicada medición. ¿Cómo se mejora un sistema de justicia? ¿Por dónde se empieza? ¿Se mide por la resolución de los miles de casos en condición de pendientes en juzgados y ministerios públicos? ¿Se mide porque encierren a un par –por lo menos– de estos hampones de la política que se han erigido en funcionarios o gobernadores y han lucrado escandalosamente con su posición? En este mismo espacio en anteriores ediciones, hemos detallado una lista de candidatos para ser investigados y para el flamante debut del mencionado Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la verdad, parece que no existe voluntad política para lograrlo.

Reducir o eliminar la impunidad, la sensación que tienen los corruptos y tramposos de que la justicia nunca los alcanzará, requeriría modificaciones profundas al sistema de justicia. O, como dicen juristas y letrados, aplicar simplemente las leyes que tenemos, pero hacerlo con absoluto apego a la ley y con transparencia honesta irrefutable.

Después del ridículo estrepitoso de la justicia española en el caso Humberto Moreira, ¿cómo se le explica a los mexicanos que este señor no tenga siquiera una investigación abierta en su estado o a nivel federal? Es pública, sabida y documentada la falsificación de documentos para los créditos que él como gobernador solicitó y consiguió en su momento. ¿No sería causa suficiente para que existiera, por lo menos, un expediente y una investigación en curso? No pasa nada, no se mueve nada, nadie toca a nadie. El señor Virgilio Andrade y su secretaría entera, son una entelequia de la demagogia nacional.

¿Y Padrés? ¿Y Medina? ¿Y Sabines? ¿Y Fidel? Nada, por el contrario, la penosa señal desde el Ejecutivo federal consiste en premios y recompensas, cargos en el extranjero.

La huella y la herencia política que esta administración y su titular podrán dejar a la historia de México será manchada y ensombrecida por desaprovechar la oportunidad de un ejemplar paso jurídico en contra de la corrupción. Las reformas, trascendentes y –esperamos– transformadoras, pasarán a un segundo renglón en la sinopsis histórica del sexenio, si no se atiende con urgencia y decidida voluntad, el combate frontal a la corrupción y a la impunidad.

Twitter: @LKourchenko

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