Gerardo René Herrera Huízar
Transcurridos los primeros nueve meses de la administración federal, el panorama nacional se presenta incierto y conflictivo. El dinámico arranque del actual gobierno generó una serie de elevadas expectativas en los diferentes sectores sociales, desencantados con los resultados de los últimos años. Pero la ilusión parece desdibujarse ante la realidad presente.
La estrategia para "Mover a México", parece haberse concebido en tres diferentes dimensiones:
La primera consistiría en lograr el consenso de las principales fuerzas políticas fuera del congreso para llegar a acuerdos previos y planchar los temas prioritarios de la agenda nacional antes de ser sometidos a discusión en las cámaras, a fin de asegurar una relativa certeza de aprobación, reduciendo las naturales resistencias que se generarían, lo que se tradujo en el denominado "Pacto por México"
La segunda dimensión, sería precisamente la formalización, en el seno del Congreso, de los acuerdos previamente tomados en el Pacto por México, salvadas así las principales resistencias mediante disciplina partidista.
La tercera, y más ardua, sería la implementación de las reformas planteadas por el ejecutivo y aprobadas por el legislativo, es decir, su aterrizaje para la operacionalización a través de la Administración Pública.
Sin embargo, esta lógica de reforma en paquete, abrió frentes diversos, que, por su propia naturaleza van enrareciendo el ambiente, a medida que se pasa de una dimensión a otra se mezclan y confluyen hacia un mismo punto de conflicto.
Al menos los dos temas relevantes puestos ya sobre la mesa, las reformas energética y educativa, representan el mismo desafío inmediato para el gobierno ante la manifestación estruendosa de contingentes variados en la capital del país. Las huestes radicales del magisterio, evidencian su intensión de alargar su actividad en defensa de sus derechos laborales, para sumarse a la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador a la protesta contra la reforma energética, precedida ahora por la marcha del ingeniero Cárdenas el sábado pasado, con la participación de contingentes de otras agrupaciones gremiales, políticos e intelectuales ya conocidos por su activismo.
Resulta obvio, que sin la solución de estos temas, el tratamiento de otros, como es la reforma fiscal, quedan en suspenso, atados por el rechazo expreso de los opositores. De esta manera, los frentes abiertos por el ánimo reformador se entorpecen mutuamente.
El influjo que las manifestaciones opuestas a las reformas ejercen sobre la opinión pública parece ser más intenso que el logrado por la propaganda oficial, que se ha centrado durante las últimas semanas en la reivindicación del nacionalismo. La percepción social sobre la bondad de las reformas se polariza, desdibujando el consenso que pueda haber logrado el pacto, cuya fragilidad se hace cada vez más patente.
A la complejidad social que se acrecienta, con foco en la ciudad de México y que ha logrado, hasta el momento, mover las agendas del legislativo y del ejecutivo, se suman, indefectiblemente, los temas de la inseguridad y la desaceleración económica, la grave situación del empleo y la inmovilidad administrativa, con la consecuente incertidumbre social sobre el futuro inmediato.
El reto que se ofrece al estado en su conjunto y al gobierno en particular, rebasa los linderos de la comunicación ante la realidad presente. El discurso que acompañará al primer informe enviado al pleno del congreso por el Presidente de la República representa un instrumento para generar confianza y renovar la esperanza social, a la vez que un recurso para la crítica y la denostación por parte de la oposición radical, al proveerle de argumentos para incentivar su activismo, si no resulta convincente.
La expectativa es alta y la desilusión puede ser fatal.
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Opinión