Opinión

Primer informe, balance prematuro


 
El gran logro del primer año de gobierno ha sido construir una agenda ambiciosa de reformas que pueden cambiar el rostro de México.
 
 
En telecomunicaciones, educación, energía, competencia económica, transparencia, endeudamiento y sistema fiscal hay una ruta de cambio muy positiva, aunque sus resultados concretos los sabremos en algunos años: por ejemplo, niños con más habilidades de matemáticas, mejores servicios de Internet a precios competitivos, más inversión en petróleo y un sistema recaudatorio más progresivo, universal y transparente.
 
 
Fuera del ámbito reformista del Pacto por México, es muy prematuro para evaluar el desempeño del gobierno. Por ejemplo, desconocemos si se podrá revertir la violencia del crimen organizado. Salvo el nuevo programa de prevención social de la delincuencia, no existe una nueva estrategia táctica y militar que permita suponer una baja en la violencia. Aunque el presidente Peña Nieto presumió una caída de homicidios dolosos, la erupción de grupos de autodefensa capaces de “humillar” a policías municipales cómo ocurrió en Tixtla, Guerrero, reflejan un proceso creciente de descomposición e ingobernabilidad en algunas localidades del país.
 
 
Tampoco sabemos si la Cruzada contra el Hambre atacará sus causas estructurales o será sólo un paliativo, como ha sido hasta ahora el caso de programas como Oportunidades, según ha reportado Coneval. Lo sabremos en algunos años. En materia de crecimiento económico, buena parte del impacto negativo que ha sufrido el país se deriva de factores internacionales y todavía no sabemos si el programa de productividad será exitoso.
 
 
En materia de combate a la corrupción, que fue la primera propuesta de campaña, no hay claridad de la ruta a seguir. La iniciativa para crear una Comisión que luche contra ese problema carece de consenso en el Congreso, en buena parte porque atacar la corrupción no requiere crear nuevas burocracias sino hacer que funcionen las existentes. Cuando ocurrió la aprehensión de Elba Esther Gordillo y se giró orden de captura en contra del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, muchos celebraron que la mano firme podría disuadir el problema. Pero no hay claridad de que la apuesta anticorrupción del nuevo gobierno sea prioritaria o que vaya a significar una lucha constante sin tintes políticos.
 
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El mayor logro del primer año de gobierno ha sido la voluntad para negociar una serie de reformas fundamentales que pueden reposicionar a México en el mundo. Sin embargo, la mayor reforma estructural de México, la más relevante para verdaderamente modernizar al país, una sin la cual las otras en marcha tendrán un impacto moderado, no está entre los 95 compromisos del Pacto por México y es el mayor reto democrático del país: cumplir la ley, simple y llanamente. Y esa no parece ser prioridad de nadie.
 
 
El mayor obstáculo de las reformas del Pacto es que su ejecución será una lucha frontal contra algunos poderes fácticos, que buscarán una y otra vez negociar excepciones. ¿Qué ocurrirá cuando se deba separar de su plaza docente a decenas de maestros de Guerrero por no haber cubierto los requisitos que impondrá la nueva ley? ¿Cómo reaccionará el gobernador de Oaxaca cuando la sección 22 estrangule la ciudad capital en 2014 ante la falta de dinero para sus comisionados? ¿Cómo administrará el SAT y los tribunales del país las impugnaciones empresariales a la consolidación fiscal? ¿Qué ocurrirá con el cohecho que existe en muchos procesos de contratación de Pemex cuando entren nuevos inversionistas privados?
 
 
El legado de percepción que dejaron las primeras reformas “neoliberales” de los años noventa es mayormente negativo en México y el mundo. La causa: que no existían reguladores eficaces y un marco legal para garantizar los derechos de los consumidores. Telmex se privatiza en 1990 pero la Cofetel surge en 1996; la banca se reprivatiza a partir de 1990 pero el papel regulador de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se consolida hasta 1995; tampoco existía la Condusef que fue creada hasta 1999. El resultado: privatizaciones y más mercado pero sin un beneficio tangible para los consumidores.
 
 
El balance del primer año es positivo, pero el aspecto más relevante para que las reformas tengan impacto en la vida real de millones de mexicanos no es su contenido, sino que se apliquen con legalidad, sin excepciones, bajo una lógica de pulcritud, imparcialidad y transparencia. Ojalá así sea.
 
 
Twitter: @LCUgalde