Opinión

Priistas a juicio

Por décadas, cuando aparecía algún señalamiento o acusación en contra de algún político en México, especialmente en los viejos tiempos del PRI, era casi imposible que se abriera una investigación y se buscaran evidencias de responsabilidad. Por años supimos de gobernadores ladrones, secretarios de Estado truhanes y hasta legisladores que aprovechaban oportunidad cualquiera para hacer negocio y enriquecerse.

Cuando Jorge Díaz Serrano enfrentó el histórico juicio de desafuero en la Cámara de Senadores (1983) y una vez logrado, fue detenido y enviado a un reclusorio -donde permaneció 5 años- era evidente que había de fondo una motivación política. El entrante presidente De la Madrid le guardaba rencores propios de la lucha por la candidatura y le hizo pagar caro su propia ambición al ingeniero Díaz Serrano.

En los tiempos más recientes, el encarcelamiento del exgobernador Granier en Tabasco, es inexplicable sin la voluntad política y jurídica del gobernador Arturo Núñez para abrir una investigación. El muy reciente caso de Elba Esther Gordillo es otra evidencia clara de que la decisión e instrucción política, fueron claves para la investigación, las cuentas, el seguimiento y todo lo que después nos dieron conocer las autoridades.

Esta misma semana, el líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, es retirado de su cargo y sujeto a investigación por una supuesta red de tráfico de blancas y prostitución con supuestas edecanes que atendían eventos del PRI.

En Michoacán, el exsecretario de gobierno y gobernador interino Jesús Reyna (PRI) es detenido y arraigado -a pesar del amparo- por supuestos vínculos con el narco en su estado y algunas viejas acusaciones de relaciones familiares con "La Tuta", líder de “Los Caballeros Templarios”.

Estas acciones permitirían suponer que el ejercicio de la justicia en persecución de políticos deshonestos, ¿ha cambiado? ¿Se perseguirán a funcionarios y líderes que hayan entregado malas cuentas o exista evidencia de conducta indebido e ilícitos comprobados?

Por años le externé a líderes del PRI, que su partido se desprestigiaba sensiblemente al callar y ocultar la mirada cuando cualquiera interrogaba acerca de los excesos policiacos de Mario Marín en Puebla o por las componendas fallidas de Ulises Ruiz en Oaxaca. Pero la costumbre reinante en el protocolo político priista era el silencio. Mensajes de solidaridad, de apoyo, cuando mucho distancia y alguna parca declaración, pero jamás un “que se abra una investigación” o “que se retire del cargo hasta que se aclare el asunto”. Los priistas de entonces “cuerpeaban” a sus correligionarios. Ese era el código.

No sé si usted recuerde uno de los primeros actos en la sede del PRI con Enrique Peña Nieto como presidente electo, donde aparecieron a sus espaldas, muy orondos y huesudos, Arturo Montiel -su pariente y mentor- junto al propio Mario Marín. Fue una breve e irrepetible ocasión, porque alguien tuvo la sensibilidad y precisión para determinar que esas presencias no fortalecían la imagen de un PRI renovado y moderno, sino más bien, nos remitían al pasado de los dinosaurios corruptos y todo poderosos. Desaparecieron, pero nadie los tocó y eventualmente -a pesar de los abusos a la señora Versini- nadie los tocará.

Si Cuauhtémoc Gutiérrez será investigado y eventualmente sancionado de acuerdo a la ley, y el propio Reyna hasta que las evidencias lo demuestren, ¿dónde están los Moreira, Montiel, Romero Deschamps, Juan Sabines, Napoleón y tantos más?

La justicia no puede ser un instrumento político. Si el pacto de gobernabilidad entre partidos incluyó no tocar o perseguir a nadie -como todo parece indicar- entre esta administración y las dos anteriores, pues que empiecen con sus propios funcionarios, porque ciertamente hay tela de donde cortar.