Opinión

PRI, pruebas de embarazo y censura

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Alberto Silva Ramos

El PRI autoritario y de vocación policiaca ha enseñado sus colmillos en estos días, para que a nadie se le olvide que el dinosaurio está más vivo que nunca.

Ayer nos salió con la novedad de que va a poner pruebas de embarazo a las mujeres que aspiren a cargos de elección popular en Veracruz.

Y la semana pasada intentó aplicar mecanismos de censura a la libertad de expresión y de información en redes sociales.

Así como lo lee: el PRI de Veracruz anunció que para el proceso de electoral del próximo año, en que se elegirán candidatos para la gubernatura y 50 diputaciones locales, a las mujeres se les aplicará la prueba de embarazo.

Lo dio a conocer nada menos que el nuevo presidente del PRI estatal, Alberto Silva Ramos, con el garlito de que las pruebas se harán “para que la ciudadanía tenga confianza”.

Si a nivel federal se ha dado un paso enorme en la equidad de género, al exigir a los partidos que brinden una oportunidad igual a mujeres y hombres de ser candidatos a puestos de elección popular, en Veracruz, baluarte del paleolítico priista, ya encontraron formas de limitar el derecho de las mujeres.

¿Por qué les van a hacer la prueba del embarazo? ¿Tendrán prioridad las no embarazadas?

¿No tienen derecho a postularse las mujeres que cargan a un niño en el vientre?

¿Van a pensar menos porque están embarazadas?

¿Por qué la opinión pública debe saber si una candidata trae o no a un crío en las entrañas, cuando eso es absolutamente respetable y personal?

Pero el PRI de Veracruz no es el único exponente del atraso político y de la vocación autoritaria. En Pachuca también hace aire, y mucho.

El senador priista Omar Fayad ayer debió retirar una ominosa propuesta de ley para sancionar con cárcel a los que hagan uso pleno de la libertad de expresión en redes sociales.

Dice la iniciativa del priista hidalguense que debe ser sancionado con dos años de cárcel aquél que “a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática”.

A los políticos y a los periodistas, a los artistas y a los deportistas, se les hostiga de forma reiterada y sistemática en redes sociales, pero eso no puede ser pretexto para coartar la libertad de expresión e incluso de burla a través de Twitter o Facebook.

Si hay amenazas o calumnias, éstas se pueden denunciar y ya existen leyes que las castigan.

El senador Fayad argumenta que su iniciativa –finalmente retirada– tenía como propósito defender a los usuarios de redes sociales ante posibles robos de identidad o atracos electrónicos.

Muy bien, pero ¿por qué castiga con cárcel los memes, se mete con la difusión de información no autorizada y los “videos sensibles”, entre muchos otros aspectos que no tienen nada que ver con los fraudes cibernéticos?

Que no nos salgan que es por “transparencia” en el caso de la prueba de embarazo a las mujeres en Veracruz, o que es para protegernos el castigar con cárcel la libertad de expresión.

Es el dinosaurio que aún vive y no entiende que el país cambió.

Twitter:
@PabloHiriart

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