Opinión

Presidente Peña, restan treinta meses

 
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Enrique Peña Nieto

Al gobierno actual le restan treinta meses de duración, durante los cuales actuará en un contexto de mayores restricciones presupuestales.

Para concretar resultados relevantes, las autoridades deberán concentrarse en los mayores desafíos. ¿Cuáles son las principales asignaturas pendientes? De acuerdo con una importante encuesta (ENCIG 2015) que el Inegi dio a conocer el pasado 25 de mayo, la inseguridad y la delincuencia se ubicaron en el primer lugar de los problemas que más preocupan a los mexicanos, con 66 por ciento.

La misma encuesta revela que, a nivel nacional, el contacto con alguna autoridad que registra el mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue con autoridades de seguridad pública, con 55 por ciento, seguido del contacto con el Ministerio Público, con 24 por ciento.

Independientemente de la evolución de la incidencia de delitos de alto impacto (que ha sido poco alentadora en lo que va del año), los resultados de la ENCIG (como de varias otras que levanta el Inegi) reflejan la desaprobación, incluso el repudio, de los ciudadanos ante los continuos reportes de incompetencia, corrupción y abusos por parte de las diversas agencias que integran el sector seguridad.

Entonces, un primer gran desafío para los siguientes treinta meses será impulsar un cambio en las malas prácticas de las instituciones del sector seguridad, que siguen siendo recurrentes en nuestro país, pero que resultan intolerables en una democracia moderna. En el contexto actual resulta claro que las policías y el sistema de procuración de justicia ya no cumple con su objetivo de mantener la incidencia delictiva en niveles tolerables. Por otra parte, los medios de comunicación y las redes sociales publican cotidianamente evidencia de acciones arbitrarias por parte de las autoridades que, por su gravedad, generan un profundo repudio entre los ciudadanos.

Será muy difícil y llevará mucho tiempo poner fin a las simulaciones y las malas prácticas que se encuentran arraigadas en las policías y los ministerios públicos del país. Sin embargo, en el corto plazo es indispensable tomar medidas para que al menos en los casos de mayor perfil, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, dejen de ser el blanco de continuos señalamientos por negligencia, abusos y corrupción.

El presidente de la República y el secretario de Gobernación son las únicas figuras con la estatura política necesaria para impulsar una transformación en este sentido. Sin un mensaje claro y enérgico, en el que se señale que no habrá tolerancia ni complicidad para quienes incurran en errores, omisiones o abusos graves, continuarán registrándose situaciones que lesionen aún más la reputación de nuestras instituciones de seguridad.

El segundo gran desafío para los siguientes treinta meses tiene que ver con la aprobación por parte del Congreso y la puesta en práctica de un nuevo modelo para la instrumentación del mando único policial. Sin duda, esta será una medida crucial para avanzar en la conformación de instituciones de seguridad más sólidas.

En dos ocasiones el Ejecutivo federal ha enviado de forma infructuosa iniciativas de reforma constitucional con el propósito de establecer en todo el país un esquema de mando único. La primera, durante el gobierno de Felipe Calderón; y la segunda, como parte del paquete de iniciativas en materia de seguridad que el presidente Peña Nieto remitió al Congreso a finales de 2014.

Una deficiencia en términos políticos de ambas iniciativas es que implicaban tratar de igual forma a los más de dos mil 400 municipio del país, a pesar de las enormes disparidades que existen entre ellos. En concreto suponían que todos los municipios, independientemente del grado de profesionalización de sus corporaciones municipales, deberían dejar de desempeñar funciones en materia de seguridad pública (con la consecuente centralización en las entidades federativas del ejercicio de recursos y de poder real). Esta perspectiva, por supuesto, propició el rechazo generalizado de los alcaldes, en especial de los municipios urbanos que ya cuentan con instituciones con algún grado de desarrollo institucional.

Redefinir las responsabilidades entre órdenes de gobierno será fundamental para recuperar la paz en las regiones más vulnerables del país, donde actualmente no existen condiciones para la operación de policías bajo el mando del gobierno municipal (en lugares como en Tierra Caliente de Michoacán, Guerrero o el Estado de México, o los municipios rurales de Tamaulipas, los recursos del crimen organizado superan con creces a los de los gobiernos municipales).

La prioridad del nuevo esquema de mando policial deberá ser garantizar que en todo el territorio nacional (pero particularmente en las regiones conflictivas) exista una fuerza policial que cumpla con estándares mínimos de profesionalización, independientemente del orden de gobierno que detente el mando. Esta es la acción más importante a seguir para evitar que se repitan tragedias como la ocurrida en Iguala, en septiembre de 2014. Sin embargo, para que un esquema de esta índole sea políticamente transitable, será necesario renunciar a la pretensión de eliminar todas las policías municipales, al tiempo que se establecen reglas que en la práctica impliquen la desaparición de las corporaciones municipales más débiles y su sustitución con elementos de corporaciones estatales.

Twitter: @laloguerrero

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