Opinión

'Pre mortem'

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Enrique Peña Nieto

En latín pre mortem quiere decir “antes de la muerte”. Se refiere al ejercicio de imaginación que se lleva a cabo para explorar las causas potenciales del fracaso de un proyecto. Su objetivo primordial no es ni desacreditar ni exhibir iniciativas desaventuradas, sino identificar aquello que podría salir mal con el propósito de corregir oportunamente las debilidades de proyectos promisorios.

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2021. La última de las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto, la reforma constitucional en materia de seguridad pública, no ha cumplido con las expectativas. El objetivo fundamental de esta reforma fue poner fin a los casos graves de corrupción y violaciones a los derechos humanos que por décadas han cimbrado al país; una promesa que todavía está lejos de cumplirse. La reforma fue aprobada a finales de 2016 tras meses de negociación.
Sin embargo, se originó en una iniciativa impulsada por un grupo de legisladores del PAN, que se presentó hace exactamente seis años. La intención original del PAN, sacar el aparato de seguridad de SEGOB y crear nuevamente una Secretaría de Seguridad Pública (cuyo titular tendría que ser ratificado por el Senado), paralizó por meses la reforma.

Al final se desechó la idea de reestablecer la Secretaría de Seguridad Pública, pero sí se concretó la otra pieza central de la iniciativa. El Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP), dotado de autonomía constitucional, se creó más o menos en los mismos términos que propusieron los panistas. Si bien el INSP se proyectó como una instancia rectora para todas las instituciones de seguridad pública del país, su misión más importante sería intervenir en aquellos casos en los que se identificara que las corporaciones policiales habían sido penetradas por el crimen organizado, o no cumplían con estándares mínimos de profesionalización. Desafortunadamente, como ha sido el caso de otros órganos del Estado, en lugar de buscar la conformación de un INSP verdaderamente profesional, los partidos políticos repartieron los siete asientos del Consejo del instituto entre personas cercanas, dejando por fuera a especialistas que hubieran mantenido una posición de mayor independencia.

Sin embargo, la principal debilidad del INSP no fue el perfil de los consejeros, sino que las facultades que se le otorgaron no resultaron suficientes para que desempeñara su difícil encomienda. Hoy en día quedan pocas dudas de que hubiera sido preferible desaparecer a la mayor parte de las policías municipales (y mantener solamente a aquéllas verdaderas profesionales). Fue un acierto del grupo de legisladores de Acción Nacional, que formularon la reforma de 2016, renunciar a la pretensión de despojar a todos los municipios de funciones de seguridad pública (pues dicha pretensión volvía políticamente intransitable cualquier reforma). Sin embargo, fueron demasiado lejos en su afán municipalista e idearon un esquema que en la práctica hace muy difícil disolver una corporación policial.

En primer lugar, la Constitución establece que es necesario que
se acrediten “patrones sistemáticos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos”. Adicionalmente es necesario contar con el aval del Congreso estatal correspondiente. Las siete disoluciones que se han registrado en los primeros cuatro años de operación del INSP han seguido, en todos los casos, a hechos trágicos en los que elementos municipales participaron en la ejecución extrajudicial de criminales o de víctimas inocentes. Siempre que se ha intentado actuar de forma preventiva, los congresos locales han bloqueado la intervención del INSP.

Ciertamente, el INSP desempeñó un papel central para poner fin a algunas prácticas de corrupción claramente identificadas. Sin embargo, no se han registrado avances en lo relativo a la profesionalización generalizada de las instituciones de seguridad pública y la homologación en todo el país de los salarios y las prestaciones mínimas. Sin las facultades y la voluntad política para actuar, el INSP se ha limitado a emitir algunas observaciones y recomendaciones. Lo que resulta más grave, los fondos federales destinados a tareas de profesionalización siguen fluyendo año tras año hacia los municipios, sin que apenas se noten resultados.

En 2021, ya se hace evidente la necesidad de reformar nuevamente la Constitución y generar un mecanismo que permita intervenir de forma proactiva y generar incentivos suficientes para que las entidades federativas y los municipios asuman con seriedad sus responsabilidades en materia de seguridad pública (o en su defecto, las cedan a otro orden de gobierno). Al igual que ocurrió con el IFAI —el organismo que precedió al INAI— el INSP necesita dientes para desempeñar su función. Igualmente importante, necesitamos idear un mecanismo que opere de forma inversa a como ha venido trabajando el INSP. Actualmente esperamos que una agencia desempeñe la labor titánica de supervisar a más de dos mil instituciones de seguridad pública y acreditar las anomalías en las que incurra cada una. Sería más sensato dejar a cada corporación policial la responsabilidad de demostrarnos que cuenta con el personal, las capacidades y la confiabilidad para operar, y proceder de forma automática a la disolución de aquéllas que no lo logren.

Twitter: @laloguerrero

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