Opinión

Por una Constitución de la CDMX centrada en las personas y sus derechos

 
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Paseantes en la Alameda. (Cuartoscuro/Archivo)

Con la reforma política de la Ciudad de México, la entidad tendrá una Constitución propia, de la que derivarán sus leyes e instituciones, así como las bases y garantías de las libertades personales. Esta es una oportunidad para colocar a los habitantes de esta ciudad y sus derechos en el epicentro político, como parte de los cimientos de un proyecto democrático que garantice la justicia social, el desarrollo, así como una vida con tranquilidad y seguridad en la metrópoli. Para ello, existen algunos puntos cruciales.

De inicio, en materia de transparencia y acceso a la información, es primordial atender los principios y bases del artículo sexto, apartado A, de la Constitución, para respetar la supremacía constitucional y, al mismo tiempo, evitar cualquier retroceso en los avances en la materia, pues su contribución a la creación de una sociedad informada, consciente y crítica es clave para la vida democrática de la ciudad.

En este sentido, hay que enunciar los principios del derecho a saber, es decir, los parámetros valorativos para tutelar su vigencia. Ello permitirá que al aplicar las normas secundarias se recurra al marco constitucional para interpretarlas mejor, y adaptar sus contenidos a casos concretos.

Al respecto, se debe considerar que el derecho de acceso amplía la capacidad de las personas para exigir y gozar otras libertades. Esta naturaleza instrumental debe ser reconocida en la Constitución de la capital como principio interpretativo que permita valorar su funcionalidad, relacionada con la vida cotidiana de las personas y con su dignidad, ya que contribuye a su desarrollo íntegro y a la vigencia de sus demás libertades.

Otro aspecto relevante es el diseño orgánico en la Constitución. La efectividad de las instituciones exige que sea claro y preciso, con el fin de evitar la fragmentación de las atribuciones y competencias de las autoridades, así como para garantizar su funcionalidad y operación; pues una adecuada configuración institucional es crucial para satisfacer las necesidades y derechos de los gobernados. Asimismo, una administración pública bien instituida provee información oportuna y veraz a la sociedad, y mejora la rendición de cuentas al no dar margen a ambigüedades que diluyan las responsabilidades.

Por otra parte, la relación de las personas con los poderes de la ciudad puede ampliarse y fortalecerse a partir de nuevas disposiciones constitucionales. El Poder Ejecutivo requiere límites claros y precisos para que, antes de tomar decisiones de gran impacto –en casos de movilidad, uso de espacios públicos, limitaciones al ejercicio de derechos–, se hayan difundido ampliamente las razones, alternativas y elementos a favor y en contra de ellas, para que exista la oportunidad de que la ciudadanía se pronuncie. Por supuesto, salvo las excepciones que corresponden a ámbitos tales como el tributario y el régimen interno de la administración.

En lo que atañe al Poder Legislativo, sería favorable incorporar disposiciones claras sobre el derecho de los habitantes a participar de manera efectiva en la elaboración de las leyes, y que se incluya el diálogo, la receptividad al acompañamiento, así como la obligación de rendir explicaciones y justificaciones suficientes en cada una de las etapas de la confección normativa.

En cuanto a la impartición de justicia, un aspecto positivo sería incrementar su apertura, así como la interacción con la sociedad, que permita la exposición de los razonamientos en que se sustentan las resoluciones, así como su discusión, crítica y reflexión colectivas, lo que operará a favor de juicios justos; esta orientación también es necesaria en cuestiones como el uso del presupuesto y los mecanismos de selección y designación de jueces, por su incidencia en la independencia, imparcialidad y eficiencia de la función jurisdiccional.

Estos planteamientos nacen de la expectativa de que la carta fundacional de la Ciudad de México, asuma como eje a las personas que la habitan, con las garantías adecuadas para el ejercicio de sus derechos, como vía para la construcción de un mejor futuro.

La autora es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.