Opinión

¿Por qué se atoró la reforma electoral?

Por razones de táctica política y por diferencias respecto a los alcances del nuevo modelo electoral.

Según negociadores del PRI y del PRD, la contienda interna por la presidencia del PAN ha detonado un incentivo perverso para posponer la aprobación de varias reformas pendientes -electoral, telecomunicaciones y energética- hasta después del 18 de mayo, fecha de la elección interna de ese partido. La razón: no darle a Gustavo Madero trofeos que presumir.

Cabe resaltar que hace dos semanas Madero afirmó que bajo su batuta el PAN ha logrado más cambios y reformas a favor de México que lo alcanzado desde la presidencia de la República durante los 12 años de Fox y Calderón.

Además de esta razón táctica, hay varios temas de fondo que separan a los partidos, el más relevante: la distribución de competencias entre el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) y los otrora institutos de los estados -los ahora llamados Oples, organismos públicos locales en materia electoral. Por un lado, el PAN demanda que el INE tenga preponderancia en la organización de los comicios locales y que pueda “atraer” su organización ante cualquier presunción de injerencia de gobernadores u otros actores económicos o políticos que pongan en riesgo la equidad. Por su parte, el PRI quisiera que en la práctica el sistema funcionara como antes: el INE organizando elecciones federales y los Oples las estatales y municipales. Que sólo en casos extremos (por ejemplo, Michoacán) el INE atrajera la organización de comicios locales.

Asimismo, el PAN pugna porque el INE tenga facultades amplias de remoción de los consejeros de los Oples. Debe recordarse que un argumento de ese partido en 2013 a favor de la centralización electoral fue que muchos gobernadores cooptaban a los institutos electorales porque influían en el nombramiento de sus integrantes. Para evitarlo se propuso que estos fueran nombrados y removidos por los consejeros del INE. El PAN pugna porque las causales de remoción sean amplias, mientras el PRI que sean acotadas.

Otro tema de diferencia es el llamado prorrateo. Actualmente los partidos pueden distribuir sus gastos de campaña según el principio de campaña beneficiada, lo cual significa que si un candidato presidencial, por ejemplo, lleva a cabo un mitin rodeado de candidatos a senadores o diputados, el gasto de ese evento puede “prorratearse” entre todos ellos. El PAN y el PRD quieren eliminar esa fórmula contable.

Otro tema de diferencia son los requisitos para ser candidato independiente. El PAN propone requisitos bajos —por ejemplo, que para ser candidato a la presidencia deba contarse con firmas equivalentes al 0.13 por ciento de la lista nominal, mientras el PRI quiere umbrales mayores, por ejemplo, de 1 por ciento en el caso de la presidencia de la República y de 2 para diputados y senadores.

Otros temas de controversia incluyen la propaganda gubernamental, una de las fuentes de mayor dispendio y abuso que realizan muchos gobiernos estatales y el federal: el PAN y el PRD exigen que se legisle ahora, mientras el PRI propone hacerlo en otro momento. Asimismo, la decisión de cómo establecer las prerrogativas de los partidos políticos estatales, así como las reglas para su formación. En el fondo lo que está en juego es quién manda y qué tanto: el PAN quiere que el INE mande lo más que se pueda mientras el PRI quiere acotar ese mandato. Esa es la discusión de fondo.

Mañana 30 de abril es la fecha límite que el Congreso estableció el año pasado para aprobar cuatro leyes en materia electoral: de procesos electorales, de partidos políticos, de delitos electorales y una para reglamentar la propaganda de gobierno. Este plazo no se cumplirá, pero hay otro que es más relevante y que rebasarlo tendría consecuencias fatales: 30 de mayo.

Según la Constitución, la fecha límite para modificar las normas electorales es 90 días antes del inicio del proceso electoral. Como la elección se adelantó un mes -ahora será en junio de 2015 en lugar de julio-, el proceso electoral que antes iniciaba en octubre lo hará en septiembre, por lo que el plazo de tres meses vence a fines de mayo.

Pero el problema es aun más grave en el caso de las entidades de la República. Ellas también tienen que cambiar su legislación local, sobre todo las 17 que tienen elecciones en 2015: tanto su constitución, como emitir nuevas leyes electorales y abrogar su código estatal electoral. ¿Qué ocurrirá si son incapaces de reformar sus reglas electorales a tiempo?

Por lo pronto, acaba de surgir el primer argumento para impugnar las elecciones de 2015: que se violó el artículo transitorio segundo que estableció el 30 de abril como la fecha para expedir las cuatro leyes en materia electoral mencionadas anteriormente. Cualquier partido podrá aducir en su momento que se violó el principio de certeza electoral y se minó la capacidad operativa del INE para organizar las elecciones.