Opinión

¿Por qué no se frena a los vándalos?


 
Usar la fuerza pública para detener la impunidad es una demanda cada vez más escuchada.
 
Le hago un recuento de hechos.
 
Hace un par de días, un grupo de vándalos, presuntamente profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, destruyó las sedes de varios partidos, así como diversas oficinas públicas en Chilpancingo.
 
El 20 de abril, un grupo de supuestos estudiantes del CCH tomaron la Rectoría de la UNAM, la que mantienen todavía en su poder.
 
Ayer, los profesores de la Coordinadora en Michoacán tomaron casetas y cobraron el peaje.
 
Frente a este conjunto de hechos se han levantado diversas voces, señalando que no se puede permitir la violación de la ley de manera impune.
 
Ayer mismo también, el presidente Enrique Peña Nieto, al participar en la Convención Bancaria, ofreció a la administración de Ángel Aguirre, en Guerrero, el apoyo del gobierno federal para garantizar el Estado de derecho.
 
Esto se puede entender como el apoyo de la Policía Federal, en caso de requerirse.
 
Frente a este cuadro de hechos, lo que muchos se preguntan es por qué no hay acción.
 
Por qué se permitió el prolongado vandalismo en Chilpancingo o la permanencia del secuestro de la Rectoría de la UNAM, frente a las demandas hechas por las propias autoridades universitarias.
 
Una respuesta simple y simplista -me parece- es que hay cobardía, indolencia o egoísmo. Nadie quiere cargar con el costo político de usar la fuerza pública.
 
Quizás haya algo de cierto en ello, pero no es suficiente para entender la inacción.
 
La otra parte de la explicación tiene que ver con el potencial de que los asuntos que hoy están -o por lo menos parecen- fragmentados, puedan conectarse y convertirse en uno solo, con el riesgo que ello implica.
 
Estamos en un mundo en el que lo importante no es lo que es, sino lo que parece.
 
Si en alguno de los casos en los que eventualmente participe la fuerza pública se desata un enfrentamiento con heridos -y no es difícil por la violencia que estos grupos emplean-, los conflictos podrían escalar.
 
Imagine un joven que tome con su celular alguna fotografía en la que aparezca algún policía golpeando a uno de los vándalos, en minutos se estaría reproduciendo miles de veces a través de las redes sociales y generando el potencial de un crecimiento del conflicto.
 
No sé qué tan sofisticado sea el análisis que se haga y si realmente se emplea información de inteligencia para hacer estas evaluaciones. Pero la verdad es que aunque a muchos no nos guste la existencia de esta vulnerabilidad del Estado, la realidad es que existe.
 
Si el uso de la fuerza pública en México estuviera legitimado -como sucede en Europa o Estados Unidos-, se podrían resolver rápidamente los conflictos.
 
La certidumbre jurídica que requieren las inversiones pasa por la aplicación de la ley, sin duda. Y la impunidad es lo más distante que hay de ello. Pero mientras la sociedad mexicana no perciba legitimidad en el uso de la fuerza pública y le dé un respaldo pleno, vamos a tener dilemas como los que hoy se enfrentan.
 
El crédito
 
Pareciera fuera de toda duda la afirmación de que la banca debe prestar más. Creo que más bien debe prestar mejor, y si como consecuencia de ello presta más, perfecto.
 
La historia de las crisis financieras está llena de casos en los que la banca simplemente presta más. El resultado es que los usuarios del crédito mal otorgado no pueden pagarlo y entonces comienza una historia repetida: la de la crisis de los bancos. No hay que olvidar.
 
enrique.quintana@elfinanciero.com.mx