Opinión

¿Por qué los gobernadores hacen
tan mal su trabajo?

   
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Hasta el momento no se ha definido por cuánto tiempo permanecerán las fuerzas federales en la entidad. (Edgar López)

Quienes nos interesamos por la situación de inseguridad en el país, dentro y fuera del gobierno, parecemos haber llegado a un inusual consenso. Independientemente de nuestras diferencias en muchos temas, o nuestra evaluación individual sobre el desempeño de Peña Nieto, coincidimos en que los gobernadores –al menos en términos generales– no han hecho su parte, y en que es necesario replantear las condiciones en las que reciben apoyo del gobierno federal. Ese fue un componente central del mensaje del general Cienfuegos, quien señaló que “a diez años de que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas”. Ese es también el tema de fondo en el debate parlamentario sobre las reformas constitucionales en materia de seguridad, ya sea en su versión original de mando único o en la versión diluida de mando mixto.

Desafortunadamente, la irresponsabilidad de los gobernadores no se limita al ámbito de la seguridad. Están también los escándalos de corrupción, cada vez más frecuentes. Los gobernadores son irresponsables porque operan en un sistema que los induce a serlo; aunque cada caso es distinto, es necesario reconocer que hay factores sistémicos que propician su mal desempeño. La ausencia de reelección, la relación clientelar entre la prensa y el gobierno, la concentración en pocas manos de la capacidad de movilización social y 'operación electoral', contribuyen a que los gobernadores se interesen más por enriquecerse y por proteger a ciertos grupos de interés que por mejorar los servicios públicos, o por generar condiciones de seguridad que fomenten la inversión y el empleo. Sin embargo, hay otro factor que me parece importante destacar porque, a diferencia de los otros, no es producto del rezago económico ni de la cultura ni de la tradición política, sino de decisiones relativamente recientes: me refiero al desbalance fiscal que permite a los gobiernos estatales ejercer presupuestos enormes sin necesidad de recaudar prácticamente nada.

De acuerdo con el Imco, en México las entidades federativas apenas recaudan 3.0 por ciento de los ingresos tributarios del país. En contraste, en Argentina las provincias recaudan 15 por ciento de los ingresos tributarios y en Brasil los estados contribuyen con 23 por ciento de la recaudación total. La razón por la que los estados mexicanos pueden darse el lujo de no cobrar impuestos –e incluso renunciar a ingresos importantes como la tenencia– es porque durante el proceso de democratización las fuerzas políticas negociaron una serie de medidas de descentralización presupuestal. Estas medidas significaron que una creciente proporción del Presupuesto federal se transfiriera a estados y municipios. Como consecuencia de esta descentralización, en 2017 el gasto federalizado, es decir, los recursos que la federación transfiere a las entidades federativas, ascenderá a un millón seiscientos treinta y siete mil millones de pesos, un poco más de un tercio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La descentralización tuvo una racionalidad política importante: implica que la renta nacional se distribuya de forma más equitativa entre autoridades de distinto signo político. Sin embargo, también alentó el gasto discrecional por parte de autoridades que no tienen que preocuparse por mantener una base de contribuyentes. Es importante reconocer que hay diferencias. En 2012 la Ciudad de México recaudaba más de 20 por ciento de su presupuesto (la cifra es un tanto engañosa, pues el gobierno capitalino cobra directamente el impuesto predial, que en el resto del país cobran los municipios). Le siguen Querétaro, que recauda 8.6 por ciento de su presupuesto, y Nuevo León, con 6.0 por ciento. En el otro extremo, Tlaxcala apenas recauda 1.2 por ciento de lo que gasta (Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Zacatecas también están al fondo de la lista).

Los gobiernos estatales no cambiarán hasta que el dinero que la federación les entrega deje de fluir de forma incondicional. No será fácil que en el corto plazo aumente de forma acelerada la recaudación de los estados. Sin embargo, sí se pueden tomar medidas para generar un mínimo de responsabilidad por los recursos que se transfieren. En materia de seguridad pública, es necesario cambiar las reglas para que los municipios y los estados reciban presupuesto y ejerzan facultades sólo en la medida en la que demuestren capacidad para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos (esta capacidad se debe establecer con base en criterios duros, como la tasa de homicidios, no por medio del cumplimiento de procesos burocráticos, como se ha pretendido hacer hasta la fecha). También se deben cambiar las reglas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que hoy garantizan que los estados reciban de forma casi automática los recursos.

Inevitablemente, el resultado de estos cambios sería, al menos de forma transitoria, un federalismo menos uniforme, donde algunas entidades seguirían contando con grandes presupuestos mientras en otros estados la federación volvería a centralizar la mayor parte del gasto (las responsabilidades ya las asume, al menos en materia de seguridad). En el largo plazo, por supuesto, lo ideal sería contar con gobiernos estatales que recaudaran por cuenta propia una parte más significativa de su presupuesto.

Twitter: @laloguerrero

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