Opinión

Por qué funcionaría la utilidad compartida

15 agosto 2013 5:41

 
 
He escuchado con cierta insistencia entre el sector privado así como entre expertos, que la propuesta de reforma energética se quedó corta porque no fue al punto de concesionar la extracción de hidrocarburos, como ocurre en México con la industria minera.
 
 
Sin duda, es más atractivo para las empresas recibir una concesión de un cierto bloque que negociar un contrato en el que va a obtener un ingreso calculado en función del éxito que obtenga en el proyecto que desarrolla.
 
 
Al hablar ayer con un grupo de funcionarios públicos que participaron en la confección de la iniciativa hubo una respuesta que suena razonablemente convincente al por qué no fue necesario ir hasta un régimen de concesiones.
 
 
En un país en el que existen altos riesgos políticos y económicos, es probable que los inversionistas requieran de incentivos tan poderosos como el otorgamiento de una concesión de hidrocarburos para invertir.
 
 
Sin embargo, cuando existen otros factores que hacen menor el riesgo, como la presencia del recurso, la estabilidad política, la ubicación geográfica o la solidez macroeconómica, entonces no es necesario ir hasta allá.
 
 
Pero hay un elemento adicional. Se trata del hecho de que los contratos dan un mayor margen de libertad al Estado en las decisiones de política pública, con relación a un régimen de concesiones.
 
 
¿Llegaría más inversión privada con un esquema de bloques concesionados para explorar y explotar? Sin duda.
 
 
¿Llegará un volumen de inversión que puede revertir las tendencias que se han visto en la industria petrolera mexicana desde hace poco más de una década al menos? Es probable si la legislación secundaria se confecciona correctamente.
 
 
Aunque hay temas que van a quedar claros hasta que se propongan las leyes reglamentarias que va a acompañar a la reforma constitucional, hay algunos que son muy relevantes y que no se han puesto sobre la mesa.
 
 
Hoy, Pemex tiende a asumir el rol de operador en la industria y de autoridad de ella, aunque formalmente no lo sea.
 
 
En la medida que exista un grupo de operadores y no sólo uno, Pemex será una más de las empresas del sector, que tendrá privilegios por ser de propiedad estatal, pero ya no será un monopolio.
 
 
No es imposible que la primera competencia que veamos sea entre paraestatales. Pemex podría estar generado energía eléctrica vía cogeneración que ponga a la venta mientras que CFE puede estar vendiendo gas o incluso creando una filial que lo extraiga.
 
 
La clave para que todo esto suceda es que aprendamos de la experiencia en telecomunicaciones. Una empresa dominante combinada con un regulador débil es la receta infalible para ahuyentar la inversión, por más productivo que sea el sector.
 
 
Si las comisiones, como la Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, no se fortalecen, Pemex y CFE pueden crear barreras de entrada a la competencia sin que haya autoridad que las discipline.
 
 
Los analistas mejor informados de los mercados nacionales y extranjeros han empezado a ver con un optimismo cauteloso esta reforma, luego de un desencanto inicial. Y es cauteloso porque perciben que las leyes secundarias van a ser quizás más importantes que la propia reforma constitucional.
 
 
Por cierto, entre ellas, le puedo adelantar que se está considerando una política de precios diferenciados para las gasolinas.
 
 
Aunque no se dejarán al libre mercado, sí se propondrá un esquema en el que haya diferenciales por región en función de los costos del transporte y almacenamiento. El precio cuasi único a nivel nacional, pasará a la historia.
 
 
Finalmente, no es parte de la reforma, pero no es casualidad que en el Contrato Colectivo suscrito a final de julio se haya agregado un convenio que abre una puerta para racionalizar la carga laboral que tiene Pemex. Ojalá que no se quede en el papel.
 
 
 
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