Opinión

Por la tía que me cuidó de pequeño

 
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El juicio político a Dilma Rousseff podría crear cambios en los mercado. (Reuters)

No es mi dedicatoria sino la que hizo un diputado brasileño al votar a favor del desafuero de la presidenta Dilma Rousseff este fin de semana.

Otro diputado la hizo por su esposa Paula, y uno más “por mi hija que va a nacer y mi sobrina Helena”. Jair Bolsonaro y su hijo, diputados del Partido Social Cristiano, ensalzaron la dictadura militar del 64 y otro legislador dedicó su voto a los “vendedores de seguros de Brasil”.

Nadie leyó los fundamentos jurídicos del proceso, ni se ofrecieron evidencias para destituir a la presidenta. A Rousseff se le acusa de aumentar el presupuesto público sin consultar al Congreso y de utilizar fondos del Banco de Brasil para el pago de un programa de crédito agrícola, maniobra fiscal que es ilegal. Se trata de una falta administrativa que implica responsabilidad como servidor público, pero no es un asunto de enriquecimiento ilícito ni de sobornos provenientes de empresas privadas (aunque muchos la acusan de haber tolerado por omisión sobornos a través de Petrobras, la empresa petrolera).

Entre cantos, gritos y empujones, cada uno de los 513 diputados tuvo la oportunidad de emitir su voto, a favor o en contra del proceso, en una sesión que duró 12 horas y que fue transmitida en vivo por televisión en horario prime time. Mientras tanto, una sociedad dividida (una encuesta reciente muestra que solamente el 60% de los brasileños apoya el impeachment) salió a las calles de Brasilia a defender su postura.

La sesión parlamentaria pareció más una venganza política y show mediático que una oportunidad de combate a la corrupción hasta el más alto nivel. El Senado seguramente confirmará el desafuero y la señora Rousseff será separada del cargo por 180 días mientras dura el proceso, al final del cual podrá ser destituida de forma permanente. La pregunta relevante es si el proceso ayudará a combatir la corrupción y fortalecer la democracia de aquel país.

Brasil es un país corrupto: según Transparencia Internacional tiene una calificación de 38 sobre 100 (México está ligeramente peor con una de 35). No obstante, el país ha dado también muestras de poder combatirla y castigar aun a los más poderosos. Por ejemplo, se procesó y sentenció a siete años de prisión a José Dirceu, jefe de gabinete del expresidente Lula da Silva, por el caso de “Mensalão”: compra de votos parlamentarios de oposición por 13 mil dólares mensuales. Asimismo, desde 2015 está en marcha la Operación Lava Jato, que investiga una trama de sobornos y lavado de dinero en Petrobras para financiar campañas políticas, entre ellas del Partido del Trabajo. Así, Marcelo Odebrecht, el mayor constructor de América Latina, fue condenado a 19 años de prisión.

El problema del desafuero de la presidenta es que lejos de ser una oportunidad para ir al fondo del problema sea justamente lo contrario: una tapadera política y mediática para despresurizar las acusaciones en contra del presidente del Congreso y de decenas de legisladores, así como otros procesos judiciales iniciados por fiscales que sí han ido hasta la cúspide del poder económico y político.

Según Transparencia Brasil, el 60% de los diputados tiene cuentas pendientes con la justicia. El mismo presidente de la Cámara de Diputados y promotor del juicio político contra Rousseff, Eduardo Cunha, está siendo procesado por el Supremo Tribunal Federal por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero.

¿Con qué legitimidad los diputados juzgan a la presidenta? ¿Con qué autoridad el vicepresidente puede reemplazar a Rousseff cuando también enfrenta acusaciones de corrupción por la presunta compra ilegal de etanol? ¿De qué sirve un juicio político si todas las partes involucradas son sujetas al mismo? Pareciera que algunos diputados utilizan el impeachment para desviar la atención de sus propias actuaciones.

El mayor problema es que la corrupción parece estar tan extendida que no hay nadie a la vista que pueda sustituir a la presidenta y emprender, con credibilidad, una restauración de la integridad del sistema y fortalecer así la democracia. Por eso la celebración de elecciones anticipadas –originalmente las siguientes son en 2018– sería una salida institucional que podría ser un parteaguas.

Al igual que Brasil, México padece un problema extendido y creciente de corrupción que involucra a funcionarios, legisladores y jueces en los tres niveles de gobierno, así como empresarios, deportistas e incluso miembros de la farándula artística. A pesar de cuestionar los excesos del desafuero, en Brasil ya han empezado a tomar medidas concretas para combatir los excesos del abuso del poder. Mientras México se tarde más en iniciar un combate real en contra de los políticos corruptos (no aprobando leyes sino ejecutándolas), el efecto péndulo para saciar el malestar social puede dar lugar a salidas populistas que lejos de resolver el problema lo agudicen.

Para combatir la corrupción no se requiere circo sino aplicar la ley con el debido proceso.

Twitter:@LCUgalde

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