Opinión

Por la justicia

 
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veracruz

Los partidos políticos, por lo menos las dos fuerzas dominantes –el PRI y el PAN– inician un proceso de revisión interna para extirpar, para erradicar la corrupción rampante en algunos de sus muy distinguidos miembros.

Súbitamente, descubrieron la corrupción. De golpe y porrazo, como si nunca hubiese existido en casos, acusaciones y señalamientos, estos partidos dieron cuenta de los excesos insultantes a la ciudadanía.

En el caso de Veracruz, el primero –en palabras de Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI– que fue sometido a la ‘exhaustiva revisión’ de la comisión de justicia partidaria, el fallo es inequívoco: Javier Duarte de Ochoa merece le sean rescindidos sus derechos partidistas para que se inicie un proceso de investigación.

¡Vaya sorpresa! Ejemplar actitud de transparencia y honestidad política la que nos da el PRI. Déjeme aportar tan sólo, a esta preclara convicción por la justicia y la transparencia política, dos datos fundamentales: las primeras observaciones y señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación en torno al gobierno de Veracruz, sus malos manejos, sus desvíos de fondos, sus cuentas inconexas y desarticuladas, fueron hace tres años. ¿Qué le pasó al PRI estos tres años que hasta ahora se dio cuenta? ¿Cómo es que no asumió desde el origen los señalamientos de abusos, robos, desvíos e inconsistencias presupuestales?

La respuesta es sencilla: se avecinaba un delicado y competido proceso electoral para renovar al gobernador. Para el PRI era vital conservar el gobierno de la tercera reserva de votos en el país, después de la Ciudad de México y del Estado de México. Perdieron y la historia ahora es distinta. La justicia y la transparencia al servicio de la política y de los tiempos electorales.

Pero no vaya usted más lejos: los señalamientos en el Nuevo León de Rodrigo Medina y los espectaculares negocios de su padre y hermano, eran públicos y denunciados, por lo menos, dos años antes de terminar su gestión. ¿El PRI hizo algo entonces? Nada.

El escandaloso, insultante, vergonzoso caso del exgobernador Borge en Quintana Roo, mereció incluso el apunte de Manlio Fabio Beltrones –entonces presidente del PRI– al solicitar al presidente Peña la intervención ejemplar de la justicia. Nada. El PRI y el gobierno, omisos, elusivos, con la mirada puesta en ‘lo que sí cuenta’ y en las reformas.

Y sume usted los casos, estados, gobernadores que se vayan agregando a la lista.

El PAN no es la excepción. Tristemente, como dice un colega de célebre trayectoria, el poder los iguala a todos. Justamente contra esa premisa lanzó Ricardo Anaya su campaña por la presidencia del PAN, en una contienda no exenta de polémica y asperezas con el hoy gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral. Anaya, el ganador, decía entonces ‘no todos somos iguales’, señalando con firmeza los escándalos de los moches y el inolvidable ‘Arriba Montana’, del diputado y comisionista Luis Alberto Villarreal. Anaya designó al muy noble y serio Luis Felipe Bravo Mena para encabezar una ‘enérgica’ y transparente comisión interna de limpieza, investigación y expulsión del partido a aquellos que habían actuado mal. Resultado a dos años: Nada.

No sólo de aquellos del pasado, de Villarreal y sus compinches, sino el emblemático Padrés, quien incluso enfrentó ya los primeros embates de la justicia, el Ministerio Público y la PGR.

El Partido Acción Nacional, en una conducta penosa y deshonrosa –de la palabra de su joven y prometedor presidente– tapó, encubrió, pateó la lata sin ejercer auténticos procesos de investigación y expulsión. Lamentable.

El joven Anaya carece de autoridad moral al acusar insistentemente al PRI por su récord obscuro y corrupto. No porque los tricolores sean un ejemplo de honestidad en el servicio público (Duarte, Duarte, Medina, Borge, Alonso Reyes, Montiel, Moreiras, Herrera, Melquiades, etcétera), sino porque la historia demuestra que los del PAN son iguales. ¿Por qué, a pesar de haberse comprometido, el PAN y su elegante comisión no actuó en más de un año en contra de Padrés? ¿Esperaba a que la PGR investigara? ¿No bastaba con los múltiples señalamientos públicos y la monumental cortina de una presa para llamar a cuentas a su correligionario?

Existe, hay que decirlo, la esperanza en algún sector de la sociedad mexicana –me incluyo– en que el iniciado proceso contra Duarte de Veracruz no sea un chivo expiatorio. Que no se trate de un sacrificio político para reconstruir la derruida imagen de un partido frente a los próximos compromisos electorales, vitales para su sobrevivencia.

¿Va en serio? ¿De verdad va en serio? Habría que construir sólidos expedientes y pruebas irrefutables de los despojos a pequeños propietarios en Quintana Roo por Borge –el cobarde le dicen ahora, porque no se presentó a entregar el poder.

Habría que documentar las inversiones y el banco de Duarte el de Chihuahua, para que en poco tiempo sea llamado a cuentas.

¿Será esto posible? ¿Existirá la voluntad política para que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad concreta y no una entelequia jurídica?

La única posibilidad del presidente Peña Nieto para recuperar credibilidad y reputación –si acaso es posible– es actuando con vigor, energía y prontitud en contra de los corruptos estatales. Esos que fueron sus amigos, colegas, patrocinadores de campaña y coetáneos gobernadores. No queda mucho tiempo.

Twitter: @LKourchenko

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