Opinión

Populismo constitucional (II)

 
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CDMX. (www.agu.df.gob.mx)

Además del listado de buenos deseos –muchos incumplibles– del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México (10 mil 800 palabras que ocupan 30 cuartillas versus 206 palabras de los deberes ciudadanos), la propuesta presenta muchas otras deficiencias. (La primera parte de este texto fue publicada hace dos semanas en estas páginas).

La baja calidad de los servicios que da el gobierno de la CDMX (aire limpio, movilidad, calles, banquetas, seguridad) y de la corrupción que permea sus delegaciones, no deriva de la carencia de una Constitución propia sino de la falta de gobiernos íntegros, eficaces y funcionales. Una de las vías para ello sería contar con una Congreso local que lleve a cabo su trabajo con profesionalismo.

Mientras la propuesta es excesiva y detallada en enlistar derechos, es escueta en definir cómo mejorar el funcionamiento del nuevo Congreso local que sustituirá a la Asamblea Legislativa. Nada dice de cómo mejorar la transparencia y desempeño de sus órganos de gobierno ni del sistema de comisiones que funciona con enorme opacidad y deficiencias. La gran novedad del Poder Legislativo es que habrá paridad entre diputados de mayoría y de representación proporcional, pero eso es irrelevante en términos de eficacia del desempeño del Congreso.

Si se contara con un Congreso local que hiciera su trabajo –simple y llanamente que hiciera su trabajo de manera eficaz en materia de control presupuestario y de evaluación de programas públicos– el desempeño de los gobiernos capitalinos mejoraría notablemente. Vale la pena ver el triste papel de control que realiza la actual Asamblea Legislativa: comparecencias sin quorum, inicio de sesiones con más de dos horas de retraso, funcionarios esperando que lleguen los diputados y la burocratización de las comisiones, por mencionar algunas deficiencias notorias. ¿Se requería una Constitución para cambiar este sistema de irresponsabilidad legislativa?

La baja calidad de los servicios también deriva de los presupuestos exiguos. Y no hay ninguna fórmula nueva para cambiar la fragilidad financiera de la capital. Los reclamos del jefe de Gobierno a la Secretaría de Hacienda por el recorte del Fondo de Capitalidad muestra cuán dependiente es la CDMX de las trasferencias federales. Se dan derechos de manifestación, se otorgan derechos a grupos vulnerables, pero nada se dice de cómo incorporar a los vendedores ambulantes, tianguistas y otros empresarios de la economía informal al mundo de las obligaciones fiscales.

La nueva Constitución es prolija en abrir los espacios de democracia directa y participativa: iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana y revocación de mandato. Asimismo, se reducen los requisitos, por ejemplo, para ser candidato sin partido (1.0 por ciento de firmas de la lista nominal cuando a nivel federal es de 2.0 por ciento). También se ratifica la figura del presupuesto participativo que existe desde 2011. En el caso de las alcaldías se les da la obligación de convocar a plebiscito para la aprobación de actos de gobierno y someter a consideración ciudadana cualquier tema que tenga impacto trascendental. Asimismo, deben crear consejos, asambleas y comités ciudadanos por división en unidades territoriales.

Que haya cauces de participación ciudadana es positivo; sin embargo, crear tantas unidades y comités 'ciudadanos' es burocratizar una actividad que por su nombre debiese ser descentralizada, autónoma y realizada desde la base, no desde las estructuras políticas. Ciudadanizar la política sin ciudadanos responsables puede conducir a mayor clientelismo. Hace pocas semanas se llevó a cabo la votación para elegir comités ciudadanos y la consulta sobre el presupuesto participativo 2017. Diversas crónicas periodísticas narran ejercicios de compra del voto y acarreo en diversas delegaciones con una participación de sólo 770 mil personas (11 por ciento).

Se establece el referéndum, una figura cuyos méritos son cuestionables y que podría usarse como amenaza en contra de los adversarios y paralizar el funcionamiento de los gobiernos. Según la Constitución se puede activar con 0.4 por ciento de la lista nominal o una tercera parte del Congreso local o un tercio de las alcaldías. Imagino cuántas solicitudes de revocación de mandato habrá tan pronto se cumpla la mitad de la duración de un cargo público simplemente como arma de estridencia política.

Finalmente, tres aspectos me parecen positivos. La creación de un instituto de planeación, reducir la edad de votar a 16 años y, sobre todo, la nueva figura de la omisión legislativa.

La reforma para crear una nueva Constitución Política de la CDMX es parte de las negociaciones del Pacto por México y, también, una vía de promoción política. El contenido del proyecto es un enorme riesgo para la capital del país y un recordatorio de lo dañino que pueden ser los ejercicios de ingenuidad retórica y de ingeniería política sin pies ni cabeza. Ojalá, como han propuesto varios partidos políticos, se deseche el documento y se construya uno de cero. Corregir la propuesta presentada es un ejercicio imposible.

Twitter: @LCUgalde

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