Opinión

Políticos y polígrafos

 
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Cámara de Diputados. (Dainzú Patiño)

La deteriorada imagen pública de la aristocrática clase política mexicana, pletórica de escándalos, señalamientos de corrupción y relaciones sospechosas, ha despertado en algunos iluminados, la brillante idea de que el gobierno federal someta a todos los suspirantes a cargos de elección popular, a exámenes de confianza, antes de ser postulados por cualquier partido, eludiendo así, su responsabilidad en caso de que, luego, se vean involucrados en actos reprobables, como visitar delincuentes en prisión, sentarse con ellos en amenas tertulias o ser abiertamente miembros de grupos delictivos.

Las evaluaciones de confianza fueron introducidas en México a finales del siglo pasado, como mecanismos de selección de personal en áreas sensibles de inteligencia y seguridad y, en su momento, dieron buenos resultados, como filtro de reclutamiento y designación de cargos relevantes.

En la administración pasada, el modelo se hizo obligatorio también para los cuerpos de seguridad estatales y municipales, siendo la bandera para acreditar su confiabilidad. Pero la experiencia actual demuestra la vulnerabilidad y poca fiabilidad de tales mecanismos. Es notable, que paralelo a la ampliación del modelo de evaluación en todo el país, también se dispararon los índices de violencia y la colusión de autoridades con el crimen.

El proceso de evaluación, además de ser costoso, queda sujeto a orientaciones e intereses diversos, por la necesidad de vender imagen y credibilidad, y ofrece amplios espacios para ser recurrido por vías legales.

La peregrina y cándida propuesta de algunos miembros de la oposición es, a todas luces, antidemocrática, inconstitucional, pero sobre todo suicida.

Imagine a la Federación, nombrando como antaño, a todos los Congresos, gobernadores y munícipes del país con el polígrafo en la mano.

Da miedo.

El autor es catedrático de la Universidad Anáhuac México Norte.

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