Opinión

Políticos contra ciudadanos

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Elecciones Colima

Desde la contrarreforma electoral de 2007-2008, el sistema
político mexicano, que había vivido un proceso de apertura, se ha ido cerrando cada día más. Después de la caída del sistema electoral en 1988, poco a poco se desmontó el control del gobierno sobre las elecciones hasta llegar, en 1996, a un Instituto Electoral en manos de los ciudadanos, que permitió tanto la derrota del PRI en la elección de diputados del año siguiente como la ocurrida en la elección presidencial de 2000.

El berrinche de quienes perdieron en 2006, sumado a la falta de mayorías en el Congreso, abrió el espacio al retroceso. Los promotores de la contrarreforma han insistido mucho en que se requiere limitar la libertad de expresión para impedir que la voluntad popular se incline por algún partido o candidato como resultado de su presencia mediática. Como es evidente, eso no es cierto. La popularidad de Peña Nieto se debió precisamente a la televisión, y la citada reforma no tuvo mayor impacto en ello. Y lo mismo puede decirse del líder de los quejosos, que se ha mantenido en el imaginario popular precisamente gracias a los anuncios en televisión y radio que la reforma le ha dado. En suma, lo que hicieron en 2007-2008 fue quitar poder a los ciudadanos y devolverlo a los políticos.

Por si hubiese duda de ello, el tema de la Constitución del DF debería disiparla. Se convoca a una Asamblea Constituyente que tendrá cien integrantes, 40 designados y 60 electos. Los designados vendrán del Presidente (6), del jefe de Gobierno (6) y de las cámaras de diputados (14) y senadores (14). Los otros sesenta serán elegidos el primer domingo de junio, con listas de partidos y unos pocos candidatos “independientes”, por los que deberá votarse directamente, es decir, fuera de la lista. El proyecto de Constitución será presentado por el jefe de Gobierno, quien ha anunciado un grupo de personas que de alguna forma colaborarán con él. En la lista hay personas que entienden del tema, y muchas otras que no, pero que el jefe de Gobierno imagina que algo podrán aportar. El que todos ellos coincidan en muchas de sus opiniones públicas no parece tener importancia.

Pero los políticos no quieren que los ciudadanos se acerquen mucho. En todas las elecciones, no sólo en la del DF, los requisitos para ser candidato independiente son sumamente elevados. Incluso superiores a lo que se pediría a un partido para mantenerse con registro, como lo mostró el caso del PT. Más aún, para esto parece estar el Tribunal Electoral del PJF, que tiene una laxitud para interpretar la ley que en otros ámbitos sería causa de nulidad por violación al debido proceso: ahí está el caso del PT (para el que la ley se interpretó a modo), el más reciente de los candidatos de Morena en Zacatecas y Durango (a los que se les perdona sin motivo), y ya no sigo.

En el caso del DF, fueron aprobados ocho candidatos independientes: dos que vienen del PRI-PVEM (Lorena Osornio y Xavier González Zirión), dos del gobierno mismo (Ismael Figueroa y Fernando Hiram Zurita), uno cercano a Morena (Sergio Méndez Moissen) y uno al PAN (Sergio Gabriel García Colorado). No le sé decir si Gerardo López, presidente de la CANACOPE, es cercano a algún partido, ni tengo noticia alguna de quién es Julio Cázares Ríos. En el mejor de los casos, hay dos opciones, de cien constituyentes, y está por verse.

La democracia permite procesar las diferencias porque todos pueden participar, opinar, ganar y perder. Si eso no ocurre, y unos pocos bloquean esa posibilidad, las diferencias no se resuelven, y los conflictos crecen. Pueden entender ahora, o después.

El autor es profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter: @macariomx

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