Opinión

Politécnicos, muertos y más

Complejo e intenso panorama el que hemos contemplado durante la semana pasada en el ambiente nacional, dominado por eventos conjugados y superpuestos que vinieron a ejercer una fuerte presión sobre el aparato gubernamental que, aunque amainada, aún no cesa.

Los temas de Tlatlaya, Iguala y la “rebelión de los politécnicos”, aunque aislados en su naturaleza y circunstancia, de alguna manera se corresponden por los actores involucrados, la trascendencia de los hechos y la respuesta y tratamiento que el gobierno ha dado a cada uno de ellos. En el primer caso, las revelaciones noticiosas sobre lo ocurrido en Tlatlaya, obligó a la autoridad a sujetar a proceso a los militares que participaron en la operación donde perdieron la vida 22 personas y la indagatoria continúa.

En el segundo caso, el gobierno del estado de Guerrero y más tarde el federal fueron impelidos a iniciar investigaciones por la agresión policiaca a estudiantes de Ayotzinapa en la que resultaron muertas seis personas y se registran 43 desaparecidos de los que se especula hayan sido ejecutados e inhumados clandestinamente.

En el tercer caso, la movilización estudiantil politécnica mostró una gran capacidad de convocatoria y atrajo la simpatía social, en vísperas de la conmemoración del 2 de octubre, a la que se sumaron otras instituciones educativas logrando integrar un contingente abrumador, que obligó una respuesta gubernamental inédita, tanto por la forma como por su contenido: la cesión total a las demandas, incluido el despido de su directora.

En los tres casos el denominador común ha sido la reacción del gobierno y la acción para el control de daños, sin embargo, los expedientes no están cerrados y ofrecen el riesgo de amalgamarse. Los politécnicos han incorporado a su pliego petitorio la demanda del esclarecimiento y justicia por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, asunto que podría escalarse si se confirma la ejecución de los desaparecidos y tornarse, por la gravedad que reviste el hecho mismo, en bandera del movimiento que ha tomado mayor impulso ante la primera y rápida victoria lograda.

El reto al que se enfrenta el gobierno federal, que ha atraído el caso Ayotzinapa, no es menor y no deja más opción, metidos en la dinámica de respuesta inmediata y diálogo directo, que dar celeridad a las investigaciones, encontrar a los desaparecidos y procesar a los responsables.

La apertura mostrada por el secretario de Gobernación para la atención de las originales demandas estudiantiles, compromete y obliga, por extensión y congruencia, a todo el aparato gubernamental, en sus diferentes segmentos de responsabilidad, a dar una solución pronta, contundente e indubitable al delicado asunto de Guerrero que ya anuncia su escalamiento y radicalización.

No sería descabellado pensar que el movimiento estudiantil aún en proceso, pueda servir de vehículo y aglutinar demandas de otros sectores sociales y políticos con intereses diversos que todavía son parte de la agenda pública, lo que no sólo haría más compleja la composición de la exigencia social, sino su tratamiento, ya que muy difícilmente podría ser abordada de la misma forma que la inconformidad politécnica, personalmente, en un templete y respondiendo a todo con un rotundo sí.