Opinión

Policía corrupta, cárcel infame

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La Policía Federal al exterior del penal El Altiplano, en Almoloya de Juárez. (AP)

La ciudad de México acaba de experimentar un cambio dramático en su vida política. Apenas en la elección de 2012 Miguel Ángel Mancera arrasó en la votación para jefe de Gobierno con 64 por ciento de los votos; más de 40 puntos porcentuales por arriba de su más cercana competidora. La coalición de partidos de izquierda que lo postuló ganó 15 de las 16 delegaciones. Con el surgimiento de Morena y la consiguiente fractura de la izquierda, la elección de este año arrojó resultados muy distintos: el PRD sólo se quedó con cinco de las 16 delegaciones. Por primera vez en años, el poder en la capital del país se reparte entre distintas fuerzas políticas. En este contexto, la seguridad pública —responsabilidad primordialmente del gobierno central de la ciudad— se convertirá en un tema cada vez más presente en los medios de comunicación, y en una herramienta de presión para los grupos que buscarán terminar en 2018 con el largo control del PRD del gobierno capitalino.

Ha sido un tanto exagerada la cobertura que se dio la semana pasada al panorama de seguridad en el DF. En un diario internacional incluso se señaló de forma alarmista que los niveles de violencia en la capital se sitúan “al nivel de zonas de máximo riesgo como Tamaulipas o Sinaloa”. Ciertamente, este año se ha observado un incremento preocupante de la violencia (de enero a septiembre de 2015 se registraron 22 por ciento más homicidios que en el mismo periodo de 2014). Sin embargo, incluso con este aumento, la tasa anualizada de homicidios dolosos en el DF (alrededor de 10 por cada 100 mil habitantes) es moderada cuando se le compara con la de Tamaulipas (16) o Sinaloa (33). Otros delitos parecen mostrar una disminución. Por ejemplo, el robo de vehículos —el otro delito además del homicidio para el que las cifras oficiales son relativamente confiables— disminuyó 19 por ciento al comparar los primeros nueve meses de 2015 con el mismo periodo de 2014.

Por otra parte, los hechos registrados en los últimos días sí deben generar preocupación. No porque demuestren que el crimen organizado “tenga presencia” en la capital (obviamente, la tiene, como en cualquier gran ciudad); ni porque sugieran que nos encaminamos a una epidemia de violencia equiparable a la que se vivió hace unos años en Ciudad Juárez o Monterrey (hay varios factores que hacen que un fenómeno de esta magnitud sea improbable en el DF). Sin embargo, eventos como el asalto al restaurante Belmondo o la aparición de personas ejecutadas en Iztapalapa son un reflejo de deficiencias muy serias en la operación de las instituciones del sector seguridad.

El Belmondo es un restaurante de la Colonia Roma, un barrio céntrico bastante transitado y patrullado, donde la policía debería responder de forma casi inmediata ante el reporte de un incidente (de hecho, hace unos meses el Secretario de Seguridad Pública capitalino presumía que el tiempo de respuesta promedio de la Policía era de dos minutos con 37 segundos). Llama la atención que en este contexto tres asaltantes se animaran a ingresar a un local y a despojar de sus pertenencias a una veintena de comensales. Es poco probable que un asalto de estas características se llevara a cabo sin alguna forma de colusión entre la Policía y los delincuentes. De igual forma, si de verdad hay células criminales dedicadas a la extorsión en los antros en la Roma y en la Condesa (como se ha mencionado recurrentemente en los últimos meses), éstas seguramente tienen algún arreglo con los policías responsables de patrullar los polígonos correspondientes… y con sus jefes.

Las ejecuciones de la semana pasada en Iztapalapa apuntan a un problema acaso más grave que la corrupción policial en las colonias con mayor actividad económica. Al parecer estas ejecuciones fueron resultado de un conflicto entre grupos que se disputan el control del comercio de drogas al interior del Reclusorio Oriente, el penal con mayor número de internos en la capital (12 o 13 mil, más del doble de su capacidad). Abundan los testimonios en los que se da cuenta de cómo el penal opera desde hace años como un lucrativo negocio para extraer rentas de los internos. Todo se cobra: el agua, el derecho a no ser golpeado, a recibir visitas, a poder dormir acostado aunque sea en el piso. El penal es una infamia, y un infierno para los internos que no cuentan con los recursos para pagar las distintas cuotas (hasta 100 pesos diarios, de acuerdo con algunos testimonios). La corrupción es sistemática, y no es sorprendente que surjan conflictos por el control del negocio penitenciario.

Cambiar la realidad del Reclusorio Oriente no es cuestión de llevar a cabo una investigación y sancionar a algunos custodios. Para evitar que el reclusorio siga en manos de una mafia, el gobierno tendrá que invertir mucho dinero (es imposible que las autoridades tengan control efectivo de la operación de una cárcel con las carencias y el nivel de saturación del Reclusorio Oriente). También será necesaria voluntad política para afectar intereses poderosos. Desafortunadamente, hasta ahora ningún gobierno ha querido asumir de verdad esta responsabilidad; políticamente hay muchos temas que lucen más que dignificar las condiciones de vida en los penales.

Twitter: @laloguerrero

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