Opinión

Poder monocrático constitucional

    
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Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. (Cuartoscuro)

A punto de cumplir 100 años, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido modificada con 229 decretos, pero todavía falta el cambio más importante: la reforma del artículo 80 para que el Ejecutivo se transforme en un poder democrático.

En este que será un gran festejo por los 100 años de nuestra Carta Magna, Diego Valadés, doctor en derecho, señala que el capítulo más importante que falta de modificar es el que se refiere a que el Poder Ejecutivo recaiga en una sola persona y sea considerado poder supremo.

Esta concentración extrema del poder del artículo 80, explica, fue algo muy relevante en el Constituyente, porque conscientemente se habló de un Ejecutivo muy fuerte, por las condiciones que se vivían en el país, y a diferencia de los demás poderes que sólo se les considera Legislativo y Judicial, el Ejecutivo se denomina supremo.

Diego Valadés asegura que actualmente los mexicanos estamos a favor de que haya un Ejecutivo fuerte, pero en estos momentos su fortaleza debería “derivar de instituciones democráticas, no de instituciones monocráticas, porque cuando reside en una sola persona es monocrático”.

Y en momentos como este, en que la aprobación del presidente de la República es menor a 30 por ciento de acuerdo con los periódicos El Universal y Reforma, podemos estar seguros de la importancia de este planteamiento del investigador de Jurídicas de la UNAM, ya que seríamos menos vulnerables de haberse modificado este artículo.

No obstante que este poder ha quedado intocado, en estos largos 100 años ha habido cambios sustanciales, hasta en los artículos que sirvieron durante años como bandera de la Revolución Mexicana y el Constituyente y que se enseñaban en los libros de texto.

Tal es el caso del artículo 130 de la Constitución, que se refiere a las relaciones Iglesia-Estado, y que como señala Diego Valadés, ha sido uno de los más polémicos porque hay quienes lo consideran un retroceso. Valadés Ríos expresa que reconocer la personalidad de las iglesias como corporaciones no afecta al sistema de separación Iglesia-Estado, y que el derecho al sufragio de los eclesiásticos de todas las religiones tampoco afecta el ejercicio de la democracia.

“Me parece que es contrario a una democracia discriminar a personas por el hecho de ejercer una profesión: la de sacerdote, o monja, o marino, o lo que sea”.

Y esto es parte de un precepto liberal, pero lo inquietante es ver cómo la Iglesia lleva más de medio año en una crítica constante al gobierno federal y al de la Ciudad de México por los matrimonios igualitarios, la liberalización de la mariguana medicinal, la muerte digna y la interrupción legal del embarazo.

Y es cierto que esto es parte de la libertad de expresión.

Pero en un país como México, donde 82.7 por ciento de la población es católica, según el censo del Inegi de 2010, y de ellos más de 90 por ciento saben leer y escribir, pero su promedio de escolaridad es de apenas nueve años y 42.5 por ciento no concluyó estudios de educación básica, significa que son altamente manipulables y más si se trata de un dogma de fe.

Y con motivo del centenario de la Constitución, el 1, 2 y 3 de febrero más de mil constitucionalista de 30 países participarán en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que preside Diego Valadés, en el Palacio de Minería.

Twitter: @ginamorettc

Correo: georgina.morett@gmail.com

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