Opinión

“Pobreza y derecho a la información”

 
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Pobreza

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realizó la Semana Nacional de Transparencia en el marco de las celebraciones del Día Internacional del Derecho a Saber. Las conferencias y mesas de trabajo analizaron cómo la información pública incide, o debe incidir en el análisis y diagnóstico de pobreza y las políticas públicas que pueden y deben diseñarse para combatirla –y sin llegar a la utopía debiéramos pensar en erradicarla–.

Recordemos que la pobreza devasta con mayor fuerza a los grupos en situación de vulnerabilidad y principalmente a las y los jefes de familia que enfrentan carencias acumuladas que les impiden disfrutar de una vida digna que también puedan ofrecer a sus hijos y dependientes económicos, ascendientes o colaterales, a veces afectados por alguna discapacidad. Los temas de salud, educación y empleo son centrales en este debate y el derecho de acceso a la información se convierte en un extraordinario instrumento para la satisfacción de derechos sociales y económicos.

En las estadísticas del INAI se refleja que las personas con menor instrucción solicitan menos información; así, entre 2003 y 2015, las mujeres presentaron 308 mil 462 solicitudes de información; de quienes declararon su grado de estudio se desprende que el 1 por ciento no tenían instrucción, el 14 por ciento tenía primaria completa o incompleta, que se incrementó a 16 por ciento de mujeres con nivel bachillerato y a 62 por ciento en el caso de mujeres con licenciatura o posgrado. Lo relevante es cómo se amplían los accesos de información de acuerdo a mayor nivel de estudios. Al margen de las políticas públicas que atañen a otras autoridades para la superación en tales niveles, el INAI reconoce como un reto el buscar la forma de dar a conocer a la población menos favorecida y sin acceso a Internet, su derecho a saber, a preguntar, a conocer programas de salud, educación y empleo. En este sentido, se debe promover información proactiva que sea útil para ejercer sus derechos y los de su familia, como sería, verbigracia, los programas de vacunación, de detección oportuna de enfermedades y su prevención, y en caso de incumplimiento de las autoridades, dónde presentar las denuncias correspondientes. Las madres y padres de familia deben saber a qué centros escolares corresponde ir a sus hijos, los requisitos a cumplir y deben ser informados sobre dónde denunciar aquellas exigencias ilegales que pudieran hacer las autoridades escolares al igual que los casos de bullying y acoso escolar.

Hay que hacer fuertes campañas para divulgar cómo los adultos pueden terminar sus estudios y capacitarse para obtener trabajo decente. Para la población sin empleo formal resulta de gran ventaja enterarse de los programas y oportunidades para emplearse formalmente, de cuáles son sus derechos y prestaciones sociales, cómo ejercerlos y obtenerlos; sobre todo cuando se da la incompatibilidad entre las responsabilidades familiares y laborales. En este sentido resulta de gran valor que se difundan programas como el de formalización del empleo, la prohibición de trabajo infantil, los protocolos en contra de la violencia laboral y normas de igualdad laboral, entre otros. El INAI está atento a que las autoridades cumplan sus responsabilidades legales de transparencia al publicar en sus portales de obligaciones de transparencia (POT), las ofertas y programas que desarrollan.

Sabemos que no es suficiente y que debemos apostar a fortalecer dicha información a través de medios populares de comunicación para llegar hasta los hogares y lugares más pobres y humildes en nuestro país.

Insistiremos en que los temas de salud, educación y trabajo son claves para combatir la pobreza; que la divulgación de datos e informes que representan ejes importantes, pueden incidir sobre las políticas públicas como igualmente éstas pueden verse fortalecidas a través de los datos recopilados en las solicitudes de información que se recaban.

La autora es comisionada del INAI.

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