Alejandro Navarro
La persistencia de este problema es preocupante y ha sido exacerbada por el proceso de urbanización en México; la intensa migración rural provocó que, entre 1960 y 2010, la población radicada en las ciudades alcanzara los 75 millones de habitantes.
Aunque la ciudad amplió las oportunidades de los migrantes, también los enfrentó a la incertidumbre económica y la precariedad de los salarios.
A ello se debe que 55.6% de la población pobre del país sea urbana (en las ciudades residen 5 de cada 10 pobres). En este contexto, los gobiernos municipales enfrentan un doble desafío: 1) colocar a las ciudades en condiciones de competir en el mercado global; y 2) extender el acceso de los servicios urbanos a la población excluida.
Esta doble tarea encomendada a los municipios es colosal. Por si fuera poco, la diversidad de expresiones e interrelaciones que adquiere la pobreza urbana demanda políticas multisectoriales. Cuando se tienen ingresos insuficientes y además se vive en barrios caracterizados por la exclusión, las posibilidades de movilidad social y económica se ven complicadas.
Se necesita en estos casos aplicar una combinación de políticas sociales y urbanas, de modo que los avances en salud, educación y empleo sean acompañados por proyectos que mejoren la integración funcional de los asentamientos irregulares.
Por ello, las intervenciones actuales para atender la pobreza urbana son integrales, como el programa Hábitat. Dicho programa se caracteriza por coordinar los recursos financieros y humanos de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), así como por realizar intervenciones multisectoriales y espacialmente focalizadas. Su finalidad es mejorar las condiciones de vida de los pobres mediante acciones que tienen cierta causalidad acumulativa. Además del mejoramiento de la infraestructura, se busca fomentar el desarrollo comunitario a través de la capacitación para el trabajo, el apoyo nutricional a la población, servicios de salud y otras acciones.
El éxito de Hábitat depende de una eficaz coordinación intergubernamental. Sin embargo, a partir de un análisis del marco normativo, la aplicación de cuestionarios y la observación participante, el autor del libro identificó diversas fallas de coordinación, tanto en el plano de la implementación, como en la toma de decisiones. Particularmente, se observó una mayor concentración de decisiones en el gobierno federal, situación que deriva del control que ejerce sobre los recursos financieros y de información.
Las fallas de coordinación no se derivan exclusivamente de un deficiente diseño de la estructura de relaciones intergubernamentales, sino que se relacionan con aspectos políticos, institucionales e históricos que marcan la evolución de la política social mexicana; particularmente el excesivo centralismo. Esta situación, de acuerdo con la percepción de los operadores municipales y estatales, está generando problemas de coordinación, que provocan a su vez una gestión menos eficaz del programa.
Si bien la superación de la pobreza urbana requiere esfuerzos intergubernamentales, la apatía de las autoridades por el tema deja pocas esperanzas para una mejor instrumentación de políticas. Más allá del análisis de la coordinación intergubernamental, si funciona o no y de la manera de conseguir que funcione, la cuestión realmente importante es el tipo de decisiones que se han de adoptar para la solución de un problema que, sin duda, será de magnitudes importantes en los años por venir: la pobreza urbana.
*Investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de Diputados.
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