Opinión

Pobres resultados

El desempeño de cualquier tarea pública debe estar sujeta a revisión y medición constante dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, desde la Constitución se han creado instituciones y procedimientos para evaluar, medir y exigir resultados.

A fines del mes pasado, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 a la Cámara de Diputados. El Informe versa sobre el manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos que hacen las instituciones públicas federales y contiene una serie bastante grande de auditorías relativas.

El Informe también comprende las tareas realizadas por nuestras autoridades en materia de telecomunicaciones en el año 2012. Refiriéndonos particularmente a la extinta Cofetel, los resultados fueron muy poco alentadores.

El tema más importante de la auditoría en telecomunicaciones fue acerca de las funciones de regulación y supervisión de la operación de los servicios de telecomunicaciones (telefonía, internet y televisión), es decir la atribución sustancial de la Cofetel. Simplemente no se cumplió.

De los 13 indicadores del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007–2012, sólo en tres cumplió la Cofetel con los objetivos sectoriales, menos del 23 por ciento de los objetivos programados para el periodo indicado.

Vemos, por ejemplo, que se aspiraba a promover la existencia de 70 millones de usuarios de Internet, pero la Cofetel sólo reportó un alcance de 45.1 millones.

Un incumplimiento más lo refleja la auditoría sobre la Operación Satelital, donde se concluye que ni siquiera se contó con un estudio que permitiera diseñar la estrategia para el aprovechamiento y en su caso, licitación de las posiciones orbitales geoestacionarias.

En casa del herrero azadón de palo. Por si fuera poco, en la revisión sobre el aprovechamiento de infraestructura y tecnologías de la información (TICs) se determinó que la Cofetel carecía de un sistema de gestión de seguridad de la información, así como de un programa de continuidad del negocio, lo que pone en riesgo la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, algo inaudito y que mina la confianza de los regulados sobre la valiosa información que proporcionan obligatoriamente al órgano regulador.

Los anteriores datos duros, resultado de un ejercicio institucional, nos deben mover a la reflexión para que tales irregularidades y pobres resultados no se repliquen en el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, que deberá desarrollar acciones que en la práctica reconozcan las malas experiencias y los errores de los antecesores para no caer en las mismas prácticas.

El reto es que el gasto público que realizamos en nuestras instituciones se traduzca en mejores condiciones para la inversión y la prestación de servicios en telecomunicaciones y radiodifusión.