Opinión

Plan de negocios en vez de reforma energética


 
 
La propuesta de reforma energética que mandó el Presidente Peña Nieto a la Cámara de Senadores el 12 de agosto sería más honesta si se planteara como la apertura de actividades reservadas al Estado a negocios particulares.
 
 
En vez de la franqueza, se alardea de que su objetivo es alcanzar un “modelo de desarrollo generador de progreso sustentable para su población”. La iniciativa ni define en qué consiste ese modelo, ni ofrece elemento alguno para inferirlo.
 
 
Todo se reduce a modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución con tres propósitos: eliminar la prohibición de que el Estado contrate a particulares para explorar y extraer hidrocarburos del subsuelo. Esa prohibición la impuso el gobierno de Adolfo López Mateos ante la rampante corrupción generada desde el alemanismo.
 
 
El segundo propósito es que la petroquímica básica deje de considerarse estratégica y reservada en exclusiva al Estado. El tercero es dar certeza jurídica al capital privado en otras actividades de la industria, como el procesamiento de gas natural y la refinación de petróleo, el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de sus derivados.
 
 
Fuera de eso, no hay ninguna medida que pudiera convertir a las industrias petrolera y eléctrica en polos del desarrollo del resto de la planta industrial; ni siquiera se plantea su vinculación con otras actividades relacionadas con la energía.
 
 
En concreto, nada permite vislumbrar a la reforma propuesta como dinamo de un “modelo de desarrollo generador de progreso sustentable para su población”.
 
 
Lo que sí es evidente es la claudicación del Estado en materia energética, lo que no es cosa menor. Energía y banca son dos piezas determinantes de los márgenes de acción –y de eficacia – de las políticas públicas.
 
 
La banca que administra el ahorro nacional y sus asignaciones ya está en poder de corporaciones extranjeras, que operan con una regulación a modo de los intereses de sus matrices y no para servir al apalancamiento de las inversiones en México.
 
 
El desempeño de la banca como palanca del crecimiento económico y sus abusos en cobros exorbitantes a los usuarios de créditos al consumo, permiten anticipar que la reforma energética haría lo mismo con el petróleo y la electricidad.
 
 
A pesar de que la iniciativa de Peña Nieto está diseñada para privatizar las fuentes de energía, ni siquiera esboza las reglas que las leyes secundarias tuvieran que establecer para acotar los intereses de los inversionistas conforme al “modelo de desarrollo” supuestamente contenido en la prupuesta.
 
 
¿Qué origen tendrían las inversiones que llegarán? Las grandes empresas capaces de hacer las inversiones que se requieren para meterse a las aguas profundas, reclaman tener control sobre el crudo del subsuelo, sobre su procesamiento y comercialización.
 
 
La figura legal que les garantiza todo eso es la de concesiones, como las que se otorgan a la minería, pero la iniciativa de Peña Nieto les está ofreciendo “utilidades compartidas”. Según los expertos, eso haría que las inversiones extranjeras no llegarían a raudales.
 
 
Quizás no son los miles de millones de dólares lo que busca la iniciativa del gobierno, sino solamente abolir la exclusividad de Pemex en exploración, extracción y petroquímica básica para dar entrada a la contratación de inversiones privadas y a que la clase política pueda favorecer a los “cuates”, como se hizo al reprivatizar la banca en la época de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari.
 
 
Mal manejada hasta su quiebra, la industria se sanearía dentro de unos años con recursos públicos para ofrecerla sin condiciones a las transnacionales petroleras. La historia de las grandes privatizaciones recientes, justifica las peores sospechas.
 
 
Teletouch
 
 
Tan a modo de intereses particulares puede ser la ley en México, que una empresa llamada Teletouch tiene permiso de Cofetel para “suscribir”  teléfonos celulares a sus servicios, sin autorización del usuario. De pronto, la factura telefónica se eleva en 30.26 pesos semanales por un menú de “aplicaciones” jamás solicitado. Para bloquear el celular a ese tipo de empresas (hay varias que operan con todas las que ofrecen telefonía celular), se tiene que solicitar a la compañía telefónica que lo haga. No interviene autoridad  alguna, como si no existieran. Todo queda entre dos empresas cómplices: Teletouch, o cualquier otra de su tipo, y la telefónica que agrega a su factura los cargos por “compra de contenidos y suscripciones”.
 
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