Opinión

Piratería sin programa

 
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Discos "piratas". (Cuartoscuro/Archivo)

A dos años y medio de la llegada de la nueva administración del gobierno federal, no existe un plan específico orientado a reducir los niveles de piratería que el país padece. De hecho, no aparecen en el discurso oficial referencias directas que permitan asumir que existe consciencia sobre la gravedad del fenómeno y de sus consecuencias directas.

No se trata de analizar si las dependencias relacionadas al combate a la piratería, -IMPI y PGR-, están haciendo su trabajo; el análisis debe ser mucho más amplio y pretensioso, dada la envergadura del adversario. El ataque al comercio ilegal no puede ser materia de ocurrencias, sino resultado de acciones concertadas que incluyan una reforma legal completa del sistema. Mientras la legislación no subsane los gravísimos errores, inconsistencias e ingenuidades en que incurre, no podrá construirse un frente medianamente efectivo para acotar el fenómeno. En este tema no podemos priorizar lo importante sobre lo urgente, porque hemos arribado a niveles de alarma que están demandando respuestas tan trascendentes como inmediatas.

En el caso de la unidad antipiratería de la PGR, es claro que hace esfuerzos denodados por lograr resultados en medio de la estrechez de recursos y estructura; aún así, es una muestra de que, con las suficientes capacidades organizacionales, jurídicas, materiales y técnicas, podrían lograrse resultados significativos en plazos cortos.

No hace sentido que el gobierno federal haga pública su voluntad de lograr avances en la reversión de la informalidad en el país limitándola a los planos fiscales, siendo que la materia prima de la que esa informalidad se nutre en buena parte de productos apócrifos, adulterados, contrabandeados y robados.

Si miramos a los lados encontraremos experiencias muy alentadoras de países y ciudades que han puesto en marcha programas público-privados que han alcanzado resultados sorprendentes en materia de anti-piratería. El caso de Curitiba es especialmente significativo, ya que de ser una economía agobiada por el comercio ilegal, en apenas 30 meses ha logrado un giro total hacia la legalidad, que ha permitido reducir el ambulantaje, el contrabando y el robo de mercancía a niveles de hace 3 décadas. Ciudad del Éste, en Paraguay, y la zona de Colón en Panamá, son experiencias documentadas en las que en ambientes marcados por la corrupción de todos los sectores, se ha transitado a una sorprendente nueva actitud, inclusive, de una ciudadanía comprometida con el rechazo de productos ilegales. Este último caso, de hecho, ha repercutido en detener la distribución internacional que desde ese emplazamiento se realizaba a diversos puntos del continente.

Antes que un programa de acciones, parecería que necesitamos una declaración de principios, un manual ideológico que nos recuerde que estas actividades aniquilan al comercio formal, desalientan la inversión productiva y degradan el respeto al estado de derecho de manera progresiva, tóxica e irreversible; y no se mira por ninguna parte cual pueda ser la fuente de inspiración.

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