Opinión

Piratería, la mala noticia

 
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De acuerdo con números de la Canacintra, los daños que la piratería y el contrabando reportan alcanzan la cifra de 236mil millones de pesos al año, lo cual representa el 1.25 % del PIB nacional. Las cifras por si solas, aún cuestionando la metodología y criterios empleados, es suficiente para convocar a la decisión y el cambio. Los sectores afectados van desde bebidas alcohólicas y tabaco, hasta la industria del vestido, el calzado, los medicamentos y los perfumes; no existe sector que no esté sufriendo, en una medida u otra, graves afectaciones que crecen en volumen y en sintomatología.

De los efectos colaterales de estos ilícitos se ha hablado por décadas, no solo en su efecto directo en la salud y el patrimonio de los consumidores (muchas veces cómplices del delito), sino en la economía formal y en el tejido social. La distribución de productos piratas, robados, adulterados y contrabandeados conforma una red de venta al menudeo cuya vocación está dada en la circulación de mercancías que ofrecen ventajas competitivas de origen ilícito frente a las originales.

Ese primer aspecto ubica a sus operadores en una condición de marginalidad en la que el paso hacia otros delitos es, con el tiempo, casi natural y obligada.

Todos esos aspectos y elementos ya los conocemos, de hecho, desde hace años. La mala noticia es la ausencia notable de estrategias y recursos para estudiarla, combatirla o reducirla. La mala noticia es que la Unidad de Investigación y Lucha contra la Piratería de la PGR no cuenta con el presupuesto necesario para implementar campañas y operativos disuasivos. La mala noticia es que el nuevo sistema penal acusatorio, para esta clase de ilícitos, no solo no abona en su reducción, sino que empieza a mostrar claras desventajas frente al sistema tradicional; y esa es, precisamente, la peor de las noticias.

Durante los últimos años de preparativos de la reforma que daría entrada al nuevo sistema penal acusatorio, las iniciativas y programas para enfrentar el fenómeno fueron puestas en la reserva. Todos, en alguna medida, confiábamos en que el nuevo modelo traería resultados alentadores, y sobre todo, una nueva concepción para la contención de la enfermedad. Lamentablemente los resultados que arrojan los primeros meses de experiencia con el modelo acusatorio son limitados y desalentadores.

En el pasado, cuando una banda criminal dedicada al tráfico de productos falsificados era detectada, el asunto era tratado como delito grave y los responsables, cuando eran detenidos, remitidos a prisión sin derecho a libertad bajo fianza. Bien que mal, esta amenaza era la única fuerza legal real que reportaba utilidad para obtener información completa sobre la logística y los integrantes de la operación criminal.

Ahora, bajo el nuevo sistema, la posibilidad de lograr prisión preventiva para las responsables es muy baja, y los precursores del modelo penal, que privilegian los acuerdos reparatorios, brindan salidas fáciles a los involucrados.

Se suponía que en los casos de delincuencia organizada, la opción de cárcel seguiría respondiendo a los mismos patrones. En los delitos de mayor repudio social así acontece. Sin embargo, en situaciones como las de estos delitos, en que lo daños se perciben como “menores”, la respuesta de la ley está siendo desorientada e insuficiente, alentando que el ejercicio del comercio ilegal se convierta en una actividad que se puede ejercer a cambio del pago de una cuota al propio dueño de la marca, o a sus abogados.

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