Opinión

PGR en Tlatlaya, ratifica o rectifica

Tlatlaya se ha convertido en un dolor de muelas no sólo para el gobierno federal, también para el gobierno del Estado de México que encabeza Eruviel Ávila, y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El 30 de junio pasado se dio cuenta en un boletín oficial de la muerte de 21 presuntos delincuentes “en un enfrentamiento armado’’ entre una célula de Los Caballeros Templarios y un grupo de militares.

Unos días después del suceso, la agencia de noticias AP puso en duda la versión oficial tras haber visitado el sitio del supuesto enfrentamiento y encontrar evidencia que, en todo caso, son características de un ajusticiamiento.

La revelación cobró fuerza la semana pasada luego de que una revista –que por cierto no se dedica a los temas de política ni policía–, publicara una entrevista con una sobreviviente del “enfrentamiento’’ quien narró que en realidad se trató de un fusilamiento.

Ayer, por primera vez desde la filtración del caso, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a las acusaciones en contra de militares.

Desde Nueva York, Peña dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) está “ahondando en la investigación’’ y será la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam la encargada de dar información sobre el lamentable hecho.

Y es que ni la PGR, ni la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontraron en los primeros días posteriores al evento evidencias de un ajusticiamiento.

Ahora tendrá que ratificarse o desdecirse.

Porque la presión interna comienza a ser fuerte, y más fuerte aún será la internacional.

Un país que se precia de moderno, con reformas constitucionales de última generación, no puede permitirse el hecho de simular que no pasa nada en el combate a la delincuencia organizada, cuando puede estar pasando todo.

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Algo muy malo pasa en Oaxaca que los (pseudo) maestros quieren imponer al director del Instituto de Educación –equivalente al secretario de Educación– y ahora los policías exigen nombrar ellos mismos a su jefe, es decir, al secretario de Seguridad Pública.

Nomás falta que el equipo de futbol de segunda división, Los Alebrijes, también quieran imponer a su propio entrenador.

Oaxaca es un territorio perdido; los daños causados por el desgobierno son iguales o peores a los de un desastre natural de gran magnitud.

No hay policías en las calles y no existe autoridad para hacerlos volver a sus responsabilidades o para despedirlos.

El gobernador Gabino Cué está rebasado desde hace meses y olvidado por las autoridades federales que por alguna razón desconocida no han entrado en auxilio ya no del gobierno local, sino de la población que simplemente no la ve llegar.

Además de ser un estado pobre, Oaxaca es un pobre estado.

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El fin de semana pasado se realizó en Coahuila la primera boda entre personas del mismo sexo.

El evento resultó significativo porque convirtió al estado en la segunda entidad, después del Distrito Federal, en reconocer los derechos civiles de este tipo de uniones, incluido el derecho de adopción.

El gobernador Rubén Moreira felicitó a los contrayentes y al Congreso local que logró la aprobación de esta ley, pese a presión de las organizaciones conservadoras que se le oponían.

Bien.

Twitter: @adriantrejo