Opinión

Perfil de riesgos en 2015

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Oaxaca Policías. (Cuartoscuro)

En los próximos meses el sector privado en México enfrentará dificultades y riesgos importantes. Quedaron atrás los tiempos del optimismo, cuando la implementación de las reformas estructurales prometía dar inicio a un periodo de crecimiento acelerado. El reciente anuncio del secretario de Hacienda –un recorte de 124 mil millones de pesos al gasto público– deja en claro que el esperado boom tampoco llegará este 2015.

En este escenario sombrío, una buena noticia es que la inseguridad (por lo menos aquella que se vincula con la violencia del crimen organizado) aparece como un riesgo menguante para la actividad económica. Por una parte, las ejecuciones se han reducido de forma sostenida. De acuerdo a cifras de Lantia Consultores, en todo 2014 se registraron ocho mil cuatro ejecuciones. Una cifra todavía escalofriante, pero 49 por ciento inferior a la observada en 2011. Esta tendencia no sólo refleja una disminución en el costo humano del combate al crimen organizado, sino que también se asocia con una disminución en la incidencia de algunos delitos de alto impacto que afectan al aparato productivo, particularmente el cobro de piso.

Por otra parte, la disminución de la violencia ha sido más pronunciada en las zonas metropolitanas, donde se concentra el grueso de la actividad económica, que en las ciudades pequeñas y en los municipios rurales en los que el crimen organizado tiene mayor presencia (y donde desafortunadamente será mucho más difícil recuperar la paz). La tendencia de disminución de la violencia ha sido particularmente alentadora en Juárez y Monterrey, pero se ha extendido incluso a contextos de mayor debilidad institucional, como es el caso de Acapulco (lo que contrasta con el escenario de crisis que se observa en otros municipios de Guerrero).

Otro factor a tomar en consideración es que, en términos generales, la población no ha percibido una disminución de la inseguridad. Desde septiembre de 2013, cuando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi se comenzó a publicar trimestralmente, el porcentaje de la población que manifiesta sentirse insegura ha permanecido más o menos estable –alrededor de 70 por ciento. Esta percepción de inseguridad puede tener consecuencias reales para la actividad económica; desde inhibir el consumo (en la medida en la que la población evita salir de noche o viajar por carretera) y en casos extremos la suspensión de inversiones.

Por supuesto, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y los otros eventos de violencia que fueron la nota dominante en 2014 justifican la mala percepción de la población. La violencia ha disminuido en términos absolutos y se ha desplazado fuera de los grandes centros urbanos. Sin embargo, ahí donde ha echado raíces, la violencia también ha desarrollado una naturaleza más intrusiva de la vida social y económica. En este contexto, México aparece cada vez más como un país fracturado, con partes del territorio donde los grupos criminales constituyen el actor con mayor poder real.

Por lo tanto, este año la inseguridad será un riesgo principalmente para las actividades económicas que tengan una mayor exposición al desarrollo de operaciones en ciudades pequeñas y municipios rurales de zonas conflictivas (por lo que el sector extractivo y el sector agropecuario serán los más afectados). Asimismo, en Guerrero y Michoacán la celebración de elecciones incrementará la probabilidad de eventos disruptivos de alto impacto que pudieran afectar actividades económicas.

Las medidas de austeridad anunciadas también ponen en entredicho la implementación de políticas importantes en el sector seguridad, cuyo presupuesto creció a un ritmo vertiginoso durante el gobierno de Felipe Calderón. De forma destacada, la liquidación de miles de policías y la contratación de nuevos elementos mejor pagados y capacitados se antoja difícil en un escenario de restricción presupuestal. Sin embargo, sin una depuración de este tipo será difícil que el escenario de seguridad mejore en los lugares donde actualmente el crimen organizado tiene mayor arraigo (y, como vimos en Iguala, posee también un control casi total de los cuerpos policiales).

El recorte presupuestal también podría impedir que el Ejecutivo federal ampliara las capacidades de las agencias federales de seguridad, que actualmente son la única salvaguarda de las empresas que operan en zonas conflictivas. Como ponen en evidencia los constantes despliegues, reforzamientos y retiros de elementos militares y de la Policía Federal, la intervención del gobierno federal es una cobija que ya no alcanza para tapar todos los lugares donde las autoridades locales han sido cooptadas o rebasadas por los criminales. En la práctica, los despliegues masivos de elementos federales apenas duran el tiempo suficiente para contener las situaciones más críticas (como el conflicto entre Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensa en Michoacán hace un año). A los pocos meses invariablemente surge la necesidad de retirarlos para atender una nueva crisis.

Sin embargo, no parece probable que la cobija se extienda en el futuro próximo. En el grupo de programas inmunes al recorte presupuestal anunciado por la SHCP –que contempla, entre otros, el subsidio a la vivienda, el Programa de Empleo Temporal y el presupuesto para las universidades públicas– no se incluyó ni a la Gendarmería, ni a ninguna otra iniciativa en materia de seguridad.

Twitter: @laloguerrero

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