Mario Rodarte E.
Uno de los aspectos que es cuidado con esmero por quienes tienen la responsabilidad de elaborar estadística es que cada vez que se cambia de año base, o se modifica la cobertura, o se actualizan definiciones, se conserve la comparabilidad de las series. Esto es muy importante, ya que hay trabajos de investigación que utilizan series relativamente largas de datos, con el objeto de que al realizar análisis estadístico de las mismas se cumplan los requisitos para que los estimadores y parámetros obtenidos cumplan con los requerimientos que marca la teoría estadística. Este desafortunadamente no es el caso en México, en donde podemos ver al consultar las páginas de algunos organismos, que sus series están interrumpidas, ya que aunque su elaboración y publicación viene de hace varias décadas, ha habido cambios en su metodología, cobertura, definiciones y años base.
Este problema, insistimos, lo enfrentan todas las instituciones que elaboran estadísticas, sin embargo, repetimos, toman el debido cuidado para encadenar las series y no dejar a los usuarios con series incompletas y truncadas. Ahora bien, cuando uno se enfrenta al problema de series truncadas, existen varias formas de encadenarlas, aunque ninguna tiene el aval de las instituciones encargadas; la cuestión es simple y sencillamente decidir si se hace o no, establecer un método para hacerlo conservando la memoria de todos los cálculos realizados, para que, llegado el caso, sea posible defender el procedimiento si se es requerido para hacerlo.
Pero no todo son series incompletas o truncadas. Acaba de darse a conocer el resultado de un estudio del Banco Mundial, que investiga acerca de la facilidad y el costo para abrir, operar y desarrollar un negocio, en donde se comparan resultados de varios países. No es novedad el que México haya retrocedido algunos lugares respecto a años anteriores, sobre todo por cuestiones relacionadas con la facilidad para abrir un negocio, el registro de propiedades, el pago de impuestos, la obtención de crédito y la protección de inversionistas, aspectos que por cierto, no se resolverán con las reformas que actualmente estudia el Congreso para su posible aprobación.
Para esto resultaba muy útil un estudio que realizaba el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, denominado "La calidad del marco regulatorio de los estados", en donde se comparaba entre las entidades federativas precisamente los aspectos que ahora retrasaron a México. Sus resultados eran muy relevantes, ya que al comparar entre estados que compiten por atraer inversiones, ellas mismas se comprometían a realizar mejoras en sus respectivos marcos regulatorios y a facilitar algunos aspectos para acelerar la apertura de un negocio.
Desafortunadamente este estudio ya no se hace, y como casi todo en nuestro pobre país, se quedó truncada una historia y sin posibilidades de reconstruirla y aportar al verdadero desarrollo y al bienestar de la sociedad.
Ahora los legisladores nos despiertan con la noticia de que habrá mayores exigencias para transparentar las cuentas y el uso de los recursos públicos de parte de la Federación y los estados, vendiéndonos la idea como si fuera un logro o una concesión graciosa que le hacen a los ciudadanos, cuando sólo se trata de exigir lo mínimo a lo que está obligado cualquier mandatario en cualquier nivel de gobierno y que en México, por el miedo a tener que actuar si algo no está en regla, no se hacía, ni nadie exigía.
El Congreso tiene la obligación de elaborar y publicar la cuenta pública, documento que muy pocos entienden y no se difunde y además tenemos al órgano de fiscalización por excelencia, que tarda horrores en realizar su labor y luego nos enteramos que sus señalamientos no tuvieron ninguna consecuencia para quienes incurrieron en irregularidades, o de plano cometieron un delito. Luego tenemos a toda una Secretaría de Estado cuya labor debería ser también la de vigilar el correcto uso de los recursos y actuar en consecuencia y ni qué decir de los afamados órganos internos de control, que aparte de tener una nómina que ya quisieran los mejores despachos privados de auditoría, no hacen absolutamente nada por la transparencia y la rendición de cuentas. Podríamos desaparecer a todos estos organismos, nos ahorraríamos un dineral, sería menos costoso operar para el mismo gobierno y con tan solo pedir la formación de consejos ciudadanos de transparencia, cuya membresía fuera honoraria, se podrían lograr mejores resultados.
Este desafortunado hecho de perder la pista de los asuntos es terrible para el país, por muchas razones. En primer término porque la memoria histórica se pierde y sin ello, estamos condenados a cometer los mismos errores una y otra vez. Sin historia y comparabilidad no es posible diseñar correctivos ni acciones que prevengan la mala actuación de los funcionarios, ni mucho menos para desincentivar cualquier impulso que tengan para actuar de mala fe. Normalmente los mercados, en este caso el laboral, debería castigar a los funcionarios, negándoles la oportunidad de volver a trabajar en puestos similares o de mayor jerarquía, y con sueldos inferiores a los que se tenían, sin embargo esto no sucede.
Opinión