Opinión

Pensión de retiro para todos, cuando la necesiten

10 febrero 2014 4:26 Última actualización 10 septiembre 2013 5:2

Antonio Cuéllar Steffan
 
 
 
La semana pasada se sentó un criterio jurisprudencial de enorme trascendencia, que vuelve a elevar a los Derechos Humanos a niveles de tutela estatal que no tienen parangón en nuestra historia. La persona, así, se convierte en un centro universal de protección del derecho en torno de la cual gira la actividad de nuestro gobierno, que en esa medida y como súbdito de aquél, soporta deberes cada vez más difíciles de cumplir.
 
 
El día de ayer el presidente de la República anunció una reforma fiscal de enorme proyección. Se trata de un cambio sustancial en la política tributaria nacional que busca impactar de manera positiva, no sólo en el ámbito de la obtención de fondos para el funcionamiento del Gobierno, sino en la perspectiva del equilibrio social y la sana distribución de la riqueza para la atención de las necesidades más apremiantes de la población.
 
 
Entre las justificaciones para que se valore positivamente una arremetida transitoria contra el equilibrio presupuestal y un incremento de las tasas en productos de alto consumo popular, como los refrescos, entre otros factores adicionales que impactan negativamente en el ámbito de los gravámenes que los particulares deberán enterar al Estado, el Gobierno de la República ha señalado que la reforma tiene una visión de carácter social, toda vez que en lo sucesivo se constituirán garantías a favor de la población en mayor estado de precariedad económica que se traducirán, ni más ni menos, en un seguro de desempleo y una pensión de retiro para los adultos mayores de sesenta y cinco años.
 
 
Con una demografía nacional que acerca a una franja mayoritaria de la población hacia ese rango de beneficio público, va a ser muy importante entender en qué forma es que la modificación de la Constitución y las leyes vienen a engendrar ese nuevo Derecho Humano, pues la protección desmedida del individuo puede agravar innecesariamente a las generaciones venideras. La pirámide social habrá de invertirse y la carga impositiva que dicha prerrogativa fundamental arroje para la generación que apenas se incorpora a la edad productiva, podría llegar a ser intolerable o insostenible.
 
 
Es absolutamente cierta y concordamos con la visión del Presidente de la República en torno de la necesidad de ser solidarios con los compatriotas que necesitan del apoyo de todos los contribuyentes. Sin embargo, ¿Todos los adultos mayores habrán de encontrarse en la misma situación?
 
 
Las leyes contemplan ya mecanismos de ahorro para el retiro, a través de los cuales cada trabajador aporta una parte de sus ingresos a la conformación de un fondo que, bien administrado, debería proporcionarle, por lo menos, una parte significativa de su manutención, que en el atardecer de la vida y sin los gastos inherentes a la educación de los hijos, disminuye significativamente.
 
 
La legislación civil impone obligaciones clarísimas en el ámbito alimentario en una doble vía: el pago de alimentos es una obligación de los padres para con los hijos, en la medida de la capacidad de quien los aporta y las necesidades de quien los recibe; pero, en el largo plazo, se invierte, de tal suerte que los hijos también tienen una obligación jurídica y moral para con los padres. La solidaridad social, en estos términos, comienza en la familia. ¿Por qué el Estado debe convertirse en tutor de todos los adultos mayores?
 
 
Ante el gran costo del Derecho Humano a una pensión de retiro, yo me pregunto si no sería sumamente conveniente en que pensáramos en una modificación constitucional que permita una participación sólo subsidiaria del Estado, a través de la cual se garantice un estado mínimo de seguridad económica para con los mayores, pero siempre en la medida en que lo necesiten, no porque se antoje como una moda temporal de garantismo nacional, en la que se nos ha ocurrido elevar al grado de Derechos Humanos a cuanto privilegio vengan ofreciendo a sus súbditos los gobiernos más progresistas de las entidades federativas, sino como una decisión responsable de muy largo plazo.
 
 
Profesor de amparo.