Opinión

Peña Nieto ante el espionaje, derrumbe moral

 
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Peña Nieto

El lunes 19 de junio, el periódico The New York Times publicó un extenso reportaje para confirma lo que tres meses atrás había señalado en otra nota: un amplio sistema de espionaje basado en un malware intrusivo de todo sistema de telefonía e informático, denominado Pegasus, fue utilizado para invadir sin orden judicial alguna las comunicaciones de periodistas como Carmen Aristegui, de su hijo Emilio, entonces menor de edad, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, así como de integrantes del Centro Pro de Derechos Humanos, y de Mexicanos en Lucha Contra la Corrupción.

En febrero de este año, el rotativo norteamericano había confirmado 12 intercepciones. Ahora documentó un total de 76, con fechas y los textos que formaban una trampa. El reportaje se basó en un extenso informe de más de 80 cuartillas, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, por Artículo 19, en asesoría con Citizen Lab, un organismo dedicado a la defensa de la privacidad, de la Universidad de Toronto.

La novedad de este artículo es que la tecnología del malware, fabricada por la compañía israelí NSO Group sólo puede ser adquirida por instancias gubernamentales como el Cisen -dependiente de la Secretaría de Gobernación-, por la PGR y por la Secretaría de la Defensa. En 2013 el mismo gobierno de Enrique Peña Nieto afirmó que había adquirido esta tecnología para combatir el crimen organizado y a los terroristas.

El reportaje documentó que no fueron ni terroristas ni narcotraficantes los espiados sino abogados defensores de causas tan importantes como las víctimas de Atenco, de la masacre de Tlatlaya, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, de los familiares asesinados en Tanhuato o de casos de corrupción tan emblemáticos como la 'casa blanca', investigado por el equipo de Carmen Aristegui.

La primera reacción del gobierno federal fue minimizar el tema ante las evidencias de que existe un método sistemático de la administración de Enrique Peña Nieto: aplicar una política de hostigamiento y no de protección a quienes se han convertido en una amenaza creciente para el autoritarismo prevaleciente.

Un gobierno democrático espía siempre y cuando existan marcos legales y órdenes judiciales claras contra una amenaza al Estado de derecho. Un gobierno autoritario y torpe confunde a los terroristas con los periodistas, al crimen organizado con los defensores de derechos humanos y, lo peor, confunde el espionaje con la invasión sistemática a la privacidad de los ciudadanos.

Como diría el periódico británico The Independent: frente a la revelación del sistema de espionaje en México el caso del presunto ciberespionaje de los rusos con Donald Trump empalidece. Se evidenció que no existe ningún control porque se espían hasta entre ellos mismos, hasta contra sus propios aliados.

El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, afirmó en
atropellada conferencia de prensa en Sinaloa, el martes 20 de junio, que, en efecto, usan este tipo de tecnologías de espionaje, pero para combatir el crimen organizado. Presumió que este gobierno ha atrapado a los capos más peligrosos del narcotráfico.

Lástima que estas afirmaciones se hicieron al mismo tiempo que supimos que mayo de 2017 fue el más violento de la última década, con una cifra récord de dos mil 186 homicidios dolosos. Es decir, tres ejecuciones por hora. Si el espionaje no sirve para frenar esta escalada de violencia, entonces es un fracaso.

En paralelo, la PGR anunció que inició una investigación para hallar a los responsables de estas pruebas de espionaje, en coordinación con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), una entidad que en sus cinco años de existencia ha demostrado su inutilidad ante la ola de asesinatos a periodistas.

El miércoles 21 de junio toda la oposición en la Comisión Permanente propusimos un punto de acuerdo para citar a los principales responsables de las áreas de gobernabilidad, procuración de justicia y de inteligencia para que informen al Congreso sobre los contratos y los alcances del sistema de espionaje que existen en el país. Reclamamos una clara rendición de cuentas por parte del gobierno.

La reacción de los legisladores del PRI y sus aliados del Verde y del Panal fue delirante. En el debate, dijeron cosas como éstas: que había que respetar la 'presunción de inocencia' del gobierno; que las víctimas debían probar sus acusaciones; y que este escándalo era para afectar a la administración de Peña Nieto, en vísperas de la sucesión presidencial.

Nadie negó la existencia de este malware llamado Pegasus. Nadie negó que el gobierno mexicano le pagó 15 millones de dólares a los proveedores para tres proyectos desde 2013. Zamir Dahbash, portavoz del grupo empresarial, declaró al propio periódico neoyorquino que la venta de este tipo de tecnología quedó restringida sólo a gobiernos autorizados y exclusivamente para investigar terroristas.

El vocero de Grupo NSO admitió que no existe ningún mecanismo de control para verificar el uso 'legal' de su tecnología de espionaje.

Cuando la crisis parecía tomar el curso de la investigación tradicional, el presidente Enrique Peña Nieto decidió fijar su posición sobre este escándalo. Lo hizo de manera tardía, contradictoria e intimidante.

En un discurso improvisado, Peña Nieto lanzó cuatro mensajes contradictorios que le echaron fuego a la hoguera: a) primero afirmó que “nada más falso” y “nada más fácil” que el gobierno espíe a los ciudadanos o decir que lo hace; b) que ninguna de las personas agraviadas “puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones”; c) que él mismo como presidente se ha sentido espiado y que "a veces, recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco"; d) y giró instrucciones a la PGR para que 'con celeridad' pueda deslindar responsabilidades “contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos”.

Esta última frase resultó una amenaza clara y llana contra las víctimas, contra las organizaciones que documentaron el espionaje y contra los medios que han investigado y publicado este tema. En especial, el corresponsal en México de The New York Times, Azam Ahmed, afirmó en su cuenta de Twitter que el mensaje de Peña Nieto era una orden contra la sociedad civil y contra ese periódico.

Sólo hasta que este periodista le echó en cara a la Presidencia de la República su mensaje intimidante, el primer mandatario 'rectificó'. Y en otra declaración improvisada afirmó: “no me expliqué lo suficiente”. Aseguró que no intimidó a los reporteros porque “respeta y tolera las voces críticas. Y también nadie puede señalar o advertir que este gobierno no haya tolerado o haya reconocido que la crítica enriquece”.

Un auténtico ejercicio de cantinflismo autoritario. La reacción de decenas de organismos de la sociedad civil, encabezados por el Centro Miguel Agustín Pro, fue muy crítica ante las palabras de Peña Nieto. Reiteraron su propuesta de nombrar a un “panel independiente de expertos” que realice la investigación. La CNDH simplemente se pronunció porque el espionaje “constituye una violación a los derechos humanos”.

Hasta ahora, el Poder Judicial no ha dicho nada. Solicité que, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, los jueces refieran al Congreso el número de solicitudes del Ministerio Público federal y de los ministerios públicos estatales para intervenir en comunicaciones privadas.

Estamos ante una auténtica crisis de Estado. Este último escándalo no es un caso anecdótico. Por el contrario, afecta la debilitada credibilidad y confianza en el gobierno federal, en nuestras instituciones encargadas de procurar justicia y defender la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos.

El impacto en el Poder Legislativo es directo. Difícilmente se puede aprobar y discutir ahora una ley como la de Seguridad Interior que pretende legalizar la acción del Ejército o la Secretaría de Marina en funciones policiacas cuando estamos observando que existen este tipo de abusos.

Aprobar una Ley de Seguridad Interior sin resolver claramente la responsabilidad de quienes ordenaron y financiaron estos y otros casos de espionaje contra ciudadanos es abrir las compuertas al fascismo. No estamos exagerando. Es el camino más corto para eliminar las garantías individuales y convertirnos en un Estado policiaco.

Es urgente que los titulares de la Procuraduría General de la República, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional comparezcan ante la Comisión Permanente para que expliquen a esta representación nacional sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del sistema Pegasus adquirido a la empresa NSO Group, así como de al menos otros cinco sistemas de espionaje que están operando en los distintos niveles de gobierno.

La autora es Senadora de la República.

Twitter: @Dolores_PL

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