Opinión

Pemex y la proveeduría nacional


 
En el marco de la previsible reforma energética que se planteará próximamente, un elemento central será la reestructuración institucional de Petróleos Mexicanos; esto es, las modificaciones a su organización interna y, aún más importante, a los procesos y normas bajo los cuales se administra y opera la empresa, que hoy implican sobrerregulación interna y externa, burocratismo, inadecuada planeación y ejecución de las inversiones, en cuando menos 3 ámbitos: finanzas y presupuesto, tecnologías de información y proveeduría.
 
Este último incluye las adquisiciones de bienes (desde válvulas hasta plataformas), el diseño y ejecución de todo tipo de obras, y la contratación de servicios. En ello será fundamental el papel que se le asigne a la planta productiva nacional.
 
Independientemente de los alcances de la reforma, parece haber consenso en la necesidad de darle mayor flexibilidad y autonomía a Pemex y reducir su carga fiscal, a fin de buscar una mayor eficiencia y transparencia, así como potenciar su desarrollo y el del país.
 
En 2008 la Ley de Petróleos Mexicanos mandató elaborar una “Estrategia para el Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional”, que se publicó en mayo de 2009
y se incorporó al plan de negocios de la empresa acorde con lo previsto por la propia Ley. En ese entonces Pemex estimó el contenido nacional de su proveeduría en 35% (17% en bienes, 23% en servicios y 52% en obra pública y servicios relacionados). Asimismo, se planteó aumentar dicho contenido nacional a 44% en 10 años, objetivo modesto si se compara con otras empresas petroleras a nivel internacional, como Petrobras de Brasil o Statoil de Noruega cuyas adquisiciones locales superan 60%, pero factible dadas las múltiples restricciones del marco normativo que enfrenta Pemex en sus adquisiciones.
 
En esa estrategia se identificaron los obstáculos que enfrentan los productores nacionales para ser proveedor o para incrementar sus ventas a Pemex, los cuales lamentablemente varios de ellos hoy prevalecen o se han intensificado. Por orden de importancia destacan: la complejidad, desconocimiento, desconfianza y exceso de requisitos en los procesos de adquisiciones de la empresa; la falta de financiamiento; y la normatividad técnica que se exige. En la estrategia se identificaron más de 80 acciones específicas, agrupadas en 20 iniciativas para atender la problemática anterior.
 
Sin duda, el mayor avance ha sido la publicación periódica del pronóstico quinquenal de demanda de bienes y servicios de Pemex y, sobre todo, diariamente de las convocatorias
para las adquisiciones que se vinculan a dicha demanda, junto con el establecimiento de contenido nacional mínimo en las obras civiles que realiza la empresa.
 
Otro avance reciente, aunque con menor impacto relativo, es la operación del fideicomiso para apoyar el desarrollo de proveedores en 3 ámbitos: sectorial (hasta ahora acotado a la industria eléctrica y de válvulas); regional (aparentemente Tabasco será la primera entidad con este enfoque); y a nivel de empresas “tractoras”, que son proveedores de Pemex y que a su vez tienen un número amplio de abastecedores (generalmente Pymes).
 
Falta mucho por hacer. Instrumentar una verdadera estrategia de proveedores nacionales requiere, entre otros aspectos, otorgar certidumbre multianual en las adquisiciones, ya que ninguna empresa realiza inversiones y desarrolla capacidades sólo para surtir bienes o servicios que se derivan de un pedido o licitación. En ese aspecto, las experiencias de la industria automotriz en México y, en su momento, de la industria electrónica en Guadalajara son ilustrativas.
 
Vinculado con lo anterior, se requiere un nuevo modelo de control en la empresa, ya que el actual es la causa fundamental de la desarticulación de los procesos de procura. La reforma energética y la institucional son grandes oportunidades para corregir esas deficiencias. Ojalá no las dejemos pasar.
 
 
Twitter: @ruizfunes
 
mruizfunes@gmail.com