Opinión

PEF 2016

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Torre de Pemex. (Bloomberg)

Entre muchas noticias negativas, sobresale que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 sea una propuesta responsable e innovadora en ciertos rubros dado el complejo entorno internacional: bajos precios del petróleo, caída de la plataforma de producción de Pemex, desaceleración de China, aumento de tasas de interés en Estados Unidos, entre otros.

Quizá lo más relevante es la meta de eliminar el déficit en 2017 y reducir el nivel de endeudamiento en lugar de alentarlo, algo que muchos temían hace dos años cuando el gobierno anunció un aumento en el déficit. En el PEF 2016 se ratifica el compromiso de reducirlo 0.5 por ciento en 2016 de conformidad con la trayectoria establecida en 2013. No se incrementan los impuestos ni la deuda, aunque el Congreso tiene la última palabra. Se comenta, por ejemplo, que los legisladores podrían aumentar el IEPS en el último minuto para llenar huecos de gasto sin importar su efecto negativo.

El gobierno ajustará su gasto, pero no ocurre lo mismo con el Poder Legislativo ni con los partidos políticos. Aunque el margen de ahorro de éstos dos sería marginal en el contexto del tamaño del presupuesto 2016, simbólicamente sería muy relevante. Imaginemos que se reducen 50 por ciento de las subvenciones a los grupos parlamentarios -islas de opacidad cuyo uso se desconoce-, así como 10 por ciento al gasto global del Congreso; el ahorro para 2016 podría rondar dos mil millones de pesos. No muy relevante en el contexto del recorte del gobierno federal, pero sí algo simbólico muy importante para generar la idea de que todos se aprietan el cinturón de forma pareja.

Pero acaso el aspecto más relevante es el ejercicio base cero para replantear algunos elementos del Presupuesto. Si la reingeniería se profundiza –ahora se trata solamente de algunas fusiones, eliminaciones y reagrupación de algunos programas, de la centralización de algunas áreas y de la reducción de algunos gastos administrativos– en algunos años podríamos tener un gasto más efectivo y una mayor capacidad del Estado para intervenir y mejorar las políticas de desarrollo social o el gasto en infraestructura. La reforma del gasto público es acaso la que más puede estimular el crecimiento económico en el corto plazo, mucho más que la reforma energética o la educativa, cuyos efectos los veremos en el mediano o largo plazos.

Un asunto central para mejorar la calidad del gasto es tomar en cuenta las evaluaciones de los programas y las recomendaciones que realizan cada año la Auditoría Superior de la Federación y las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). Aunque el PEF dice que se protegieron los programas sociales fuerte y medianamente prioritarios vinculados a la disminución de las carencias sociales y al acceso efectivo de los derechos sociales, aparecen otros que han sido cuestionados por la ASF. Por ejemplo, se privilegió el presupuesto de las instituciones de educación superior, pero la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado a muchas universidades por carecer de indicadores de desempeño, por dilapidar recursos y por una mala administración.

La responsabilidad que ha mostrado la Secretaría de Hacienda al elaborar la propuesta de Presupuesto debe acompañarse del mismo profesionalismo por parte de la Cámara de Diputados cuando revise y apruebe el PEF 2016. En los últimos años el Congreso ha abdicado de su papel para garantizar un gasto público eficaz que responda a los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo. En su lugar, muchos diputados concentran su atención en negociar bolsas de recursos de atractivo político –carreteras, por ejemplo– o etiquetar recursos públicos, fenómeno que ha dado lugar a la industrial de los “moches”.

En los últimos años se han creado fondos dentro del Ramo 23 para pavimentación y desarrollo municipal, infraestructura deportiva y cultura que los diputados pueden asignar libremente a gobiernos municipales y estatales. Cuando los diputados pueden asignar libremente recursos millonarios –los tres fondos mencionados suman casi 11 mil millones de pesos en 2015– se estimula el surgimiento de sobornos o “moches” porque algunos alcaldes y gobernadores ofrecen recompensa a cambio de recibir mayor presupuesto.

El presidente mandó en ceros las partidas de esos fondos, pero la tentación de los legisladores será restaurarlas. Para el PEF 2015 la historia empezó así: el Ejecutivo mandó los rubros en ceros y los legisladores restauraron la partida. La diferencia ahora es que se trata de una nueva Legislatura en medio del primer Presupuesto menor al del año anterior en casi dos décadas. No hay justificación para dilapidar más de 10 mil millones de pesos de esa forma.

Los coordinadores parlamentarios de varios partidos en la Cámara de Diputados han prometido una nueva cultura de la transparencia y la austeridad. El PRD, por ejemplo, ha renunciado al seguro de gastos médicos mayores. El PRI ha hecho lo mismo con el gasto de celulares y automóviles. El PAN ha prometido transparentar el gasto de las subvenciones a los grupos parlamentarios. Morena ha propuesto reducir en 50 por ciento el gasto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahora todos deben unir fuerzas y renunciar al etiquetado de partidas del ramo 23. Darían una señal de que sus propuestas de responsabilidad política y fiscal van en serio.

La Secretaría de Hacienda merece reconocimiento por una propuesta de Presupuesto responsable. Ojalá el Congreso sea corresponsable y merezca también el mismo reconocimiento.

Twitter: @LCUgalde

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